Las agresiones contra defensores de los derechos humanos en Colombia crecieron en el primer semestre de 2012 un 12 por ciento debido a la creciente polarización política y al recrudecimiento del conflicto en algunas zonas del país, según el informe del Programa Somos Defensores.

«El ataque y agresiones que siempre se han hecho contra líderes y defensores está en el marco de una agresión política y del conflicto que tenemos, que se han incrementado en los últimos seis meses», dijo hoy a Efe la portavoz de ese colectivo de organizaciones no gubernamentales (ONG), Diana Sánchez.

En el informe «Un camino solitario», el Programa Somos Defensores documenta que la vida o integridad de 163 activistas colombianos estuvo en riesgo en los primeros seis meses del año, frente a los 145 afectados en el mismo lapso de 2011.

De acuerdo con el documento publicado por la ONG, ha habido un «claro recrudecimiento de la guerra en zonas como Nariño, Putumayo y Cauca, Santander, Norte de Santander y Arauca (las tres en la frontera con Venezuela)», las regiones donde más ataques se han detectado.

«Los cambios y transformaciones políticas también influyeron en el contexto», advierte el informe antes de citar como ejemplo los debates en el Congreso de un marco legal para negociar la paz, que fue aprobado, así como las fallidas discusiones sobre el fuero militar y la reforma a la Justicia.

También lo atribuye al nacimiento de los movimientos Marcha Patriótica, de izquierda, y Puro Centro Democrático, de derecha, que se «erigen como claras tendencias contrarias que ponen de presente nuevamente la polarización que tanto afecta a líderes y defensores».

El total de ataques contra defensores se distribuye de la siguiente manera: 81 amenazas individuales (50 por ciento), 29 asesinatos (18 por ciento), 29 atentados (18 por ciento), 17 detenciones arbitrarias (10 por ciento), 3 hurtos de información (2 por ciento), 3 desaparecidos (2 por ciento) y un caso de violencia sexual.

Los presuntos responsables fueron catalogados como desconocidos en el 44 por ciento de los casos, mientras que el 26 por ciento de los ataques se atribuyeron a paramilitares, el 17 por ciento a la fuerza pública, y el 13 por ciento a las guerrillas Farc y el ELN.