El Alcalde Gustavo Petro se presentó frente al Consejo de Estado, para responder por la demanda de pérdida de investidura en su contra y su presunta inhabilidad, como Senador y como alcalde, y aseguró que la acusación en su contra “busca torcer la historia nacional, la ley y hasta la historia del Estado de Sitio que rigió durante la anterior Constitución Política”.

Además, Petro manifestó que su arresto en el año de 1985 fue por reconocer su pertenencia al M19 y no por un delito común. En su declaración, el mandatario capitalino dijo que el demandante, el concejal Orlando Parada, y otro grupo de personas han buscado una sentencia judicial en su contra, inexistente porque no hubo una decisión judicial de un juez de la República, sino una decisión militar, tras ser capturado por su militancia política y torturado en el Cantón del Norte en Bogotá.

El Alcalde se refirió también a que luego de su detención sólo se le reconoció el delito de la rebelión, considerada en la legislación internacional como uno de los delitos políticos.

«Los militares no me detuvieron por ser delincuente común, sino en razón a mi pertenencia a un grupo político, en un allanamiento múltiple en el que hallaron una escopeta de fisto, y trataron de convertirlo en porte ilegal de armas», afirmó en la audiencia Gustavo Petro.

Por su parte, el abogado del Alcalde, Óscar Ortiz, declaró que este es un proceso fantasma, en el que el demandante le quiere desconocer la calidad de rebelde político, para dar pie a esa demanda improcedente.

En este caso, según la defensa, para que se hiciera efectiva la acusación, en primer lugar se debió cometer un delito que no se considerado político y además que fuera condenado por sentencia judicial, y ninguno de estos existió.

Asimismo, el Procurador Delegado ante el Consejo de Estado, Hisnardo Jaimes, aseguró que la demanda de pérdida de investidura contra el Alcalde Gustavo Petro, cuando fue senador, es improcedente porque no hay ningún fallo judicial que lo condene por un delito común.

La querella fue instaurada por el concejal Orlando Parada y en ella asegura que Petro ejerció como congresista luego de haber sido condenado por el delito de porte ilegal de armas en 1985.

Ahora, el Consejo de Estado tendrá que determinar en un plazo de 60 días si decreta o no la pérdida de investidura de Petro, lo que implica la pérdida del cargo de alcalde de Bogotá.

Antes de llegar a la alcaldía bogotana, el segundo cargo más importante de Colombia, Petro fue representante a la Cámara entre el 2002 y el 2006 y senador entre el 2006 y el 2010, así como candidato presidencial en 2010.