A la entrada del pueblo, que queda a mano derecha en la vía que de Antioquia conduce a Caldas, sobre el cañón del rio Cauca, en la cordillera occidental de los Andes, se reconoce el aviso que indica la llegada a Marmato, “pesebre de oro de Colombia”. Este pedazo de tierra, con 487 años de tradición minera, ha surtido de oro a indígenas Cártamas, Supias y Quimbayas, luego a los invasores españoles, y posteriormente dada en pago perpetuo a los ingleses, por su ayuda en nuestra guerra de independencia, de los ingleses solo se sabe que se perdieron en la historia y ahora las riquezas marmateñas son reclamadas por multinacionales mineras, principalmente de origen Canadiense. Es curioso, pero este pedacito de suelo siempre ha sido más de extranjeros que de colombianos, pareciera que es prestado y poco valorado por quienes, tradicionalmente han manejado el país.

Para subir hasta la Alcaldía y seguir hacia la vereda Echandía, se debe concertar con alguna persona nativa que ayude a orientar al conductor del vehículo, campero o camioneta, y evitar accidentes que puedan ocurrir y que ocurren constantemente, debido al alto tráfico de volquetas, recuas de mulas cargadas de madera, motos y personas que, por una vía estrecha y azarosa, pasando al borde del abismo, se abren paso a la fuerza, para poder llegar a su destino. A lado y lado de la vía, se encuentran socavones de minas artesanales, de donde salen en Juntanza los mineros ancestrales, los mineros tradicionales y los denominados “guacheros”, casi sin aliento, para procesar el mineral que contiene su pan de cada día, ese oro esquivo que pide permanentemente arriesgar la vida al adentrarse en los túneles improvisados que han heredado, comprado u ocupado. La muerte siempre está cerca.

Hace más de 13 años visité por primera vez estas singulares tierras, acompañando la lucha y la reclamación de los mineros tradicionales del sector conocido como Echandía, en donde la asociación que lleva su mismo nombre adelantaba una movilización pacifica en pro del reconocimiento de sus derechos a trabajar y ser reconocidos como titulares de unas minas que a hoy llevan más de tres décadas explotando. Esta lucha es un reflejo de la realidad de Marmato, con sutiles diferencias y matices, pues el régimen jurídico que aplica para este sector, se conoce como un RPP – régimen de propiedad privada- que, a propósito, es de los últimos relictos de los títulos mineros dados en perpetuidad a los ingleses, como lo mencione anteriormente. 

Ellos, a diferencia de otros mineros tradicionales, ancestrales y los conocidos como Guacheros que se asientan a lo largo de Marmato, se organizan en una asociación que mantiene una lucha constante por el reconocimiento de sus derechos. La asociación había solicitado a REDEPAZ, el acompañamiento para lograr su reconocimiento y ante las amenazas a las que estaban siendo sometidos. En esa época, la lucha fue contra la compañía minera Golfields, una filial de la empresa Medoro Resources, que había llegado a imponer su ley, colocando candados en las entradas de las minas, presionando a burócratas obtusos para que interpretaran la ley al amaño y beneficio de la multinacional, en la búsqueda de expulsar de su terruño, a los mineros; ofrecieron bajo presión, falacias y promesas rotas a las y los marmateños, dadivas y dinero a cambio de la entrega de sus minas y el olvido de decenas de años de trabajo, sangre, sudor y lágrimas.

En Marmato, se conjuga la representación de Colombia. Comunidades negras e indígenas, mestizos, blancos, zambos, han perseverado en su labor de producir riqueza, hacer empresa, promover el progreso y la paz, conocida como marmateños. Este ejemplo nacional, es un lugar donde no ha habido conflicto armado ni polarizaciones políticas extremas, la paz ha reinado entre riqueza y pobreza, abandono estatal e incertidumbre permanente.

El Estado y la sociedad colombiana tienen una enorme deuda con Marmato, y ambos deben reconocerlo como un singular y efectivo laboratorio de paz. Es sorprendente que allí, donde día a día se arranca el añorado mineral de oro, no sea habitual el robo ni el secuestro, ni otras manifestaciones de violencia. Esta comunidad merece ser apoyada y reconocida como emprendedora, trabajadora y empresaria; no tiene sentido alguno, continuar sometiéndolos a la persecución, estigmatización y la violenta arbitrariedad burocrática, aplicando normas que desconocen la realidad, la legitimidad y la dignidad de quien construye país.

Las muestras de la deshonrosa presencia del Estado en Marmato son numerosas. Por ejemplo, la prohibición de la comercialización de dinamita ha generado un negocio lucrativo para personas corruptas que distribuyen este explosivo a precios exorbitantes, hasta diez veces su valor real. Además, se obliga a las comunidades a fabricar sus propios materiales de voladura en condiciones de riesgo extremo, y que decir de los controles excesivos sobre el transporte y venta de la madera, un recurso esencial para la sostenibilidad minera, encareciendo el recurso, enriqueciendo a los corruptos y haciendo cada más inviable el ejercicio de una minería justa. Estos obstáculos al progreso y a la actividad legítima de los mineros tradicionales deja un gran interrogante: ¿Son estas funciones del Estado?

Quienes llevan 30 años o más trabajando tradicional y consuetudinariamente las minas, tienen derecho al reconocimiento minero; pero lamentablemente, los mineros de Echandía, en Marmato, quienes han ejercido su labor como microempresarios o empresarios, cumpliendo con sus obligaciones fiscales y contribuyendo al desarrollo de la sociedad y la estabilidad económica de la región, generando empleo y cimentando un futuro para sus conciudadanos,  han sido tratados como expulsables, como ciudadanía sobrante, de esa que merece ser condenada al olvido, por parte de un Estado y sus Gobiernos, ausentes, arbitrarios, y negligentes.

Hoy, nuevamente una multinacional, afirma haber adquirido los derechos mineros, lo cual puede ser válido desde un punto de vista legal formal. Sin embargo, esta multinacional no ha aportado ni una fracción mínima del valor económico y social, los tributos, los impuestos y la construcción de la nación que los mineros han realizado. ¿Cómo podemos darles la espalda? ¿Cómo podemos no buscar una solución justa que reconcilie los derechos de esta empresa titular con los de los mineros que han trabajado la tierra durante décadas? Negarles la oportunidad de trabajo a los casi mil mineros de la zona, negar el bienestar de sus hijos e hijas, después de treinta años de dedicación y lealtad a la Ley y la Constitución sería un acto de abandono inaceptable por parte del Estado y la sociedad.

En Marmato, la infraestructura existente, incluyendo saneamiento y educación, ha sido construida comunitariamente en colaboración con algunas ayudas estatales. El Gobierno Nacional y los Gobiernos locales deben incluir a las comunidades mineras como socias en la construcción de progreso, justicia social y equidad. Un formalismo legal e injusto, no puede primar sobre la legitimidad construida por la comunidad minera de esta región históricamente importante. Hago un llamado respetuoso al Estado y al Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, para que rompa con esta tradición de olvido, exclusión y persecución, e intervenga de manera justa, impidiendo la expulsión y evitando el abandono de la comunidad. Un llamado al Gobierno de la Vida, para arbitrar y restablecer la legalidad en Marmato, a reconocer a quienes desde el trabajo honesto, persistente y aguerrido construyen bienestar. Marmato es Colombia, lo que suceda allí tendrá repercusiones en todo el país.

Luis Emil Sanabria D.