El Presidente de la República Gustavo Petro U, en la reciente conferencia con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, señala la grave vinculación de las guerrillas en las últimas tres décadas, con el fenómeno del narcotráfico, en uno o en todos sus eslabones, lo que pone en tela de juicio la existencia del conflicto político armado, no por la falta de causas estructurales que pudieran sustentar el análisis y la decisión política -por supuesto equivocada- que soporta la sostenibilidad de la lucha guerrillera, sino por las características principales que esta asume  y sus alianzas estratégicas, formales e informales, con el narcotráfico.

Aunque existen distintas evaluaciones sobre los orígenes, continuidad y retroalimentación del conflicto político armado en Colombia, tal como se evidencia en las relatorías de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, es posible reconocer la existencia un conflicto altamente fragmentado en el que se expresan diversos subconflictos armados que se entre mezclan en el territorio, con causalidades, comportamiento y consecuencias diferentes. Existen una gama de expresiones armadas, desde grupos guerrilleros insurgentes, grupos armados irregulares de extrema derecha, grupos herederos del paramilitarismo, hasta estructuras criminales armadas organizadas. Todas con presencia en regiones y ciudades, alimentadas por su respectiva élite política e ideológica, o por estrategas de los altos intereses económicos ligados al lavado de activos.

En el caso de las guerrillas, aunque se involucran en delitos comunes no siempre conexos al delito político, se reconocen los elementos que los caracterizan como grupos insurgentes, pues son organizaciones que, en sus inicios y aun hoy, apelan a la violencia armada como estrategia política para resistir, derrocar o cambiar el orden político establecido, es decir, esa característica política, aunque con muchas debilidades, prevalece sobre las demás características. En esta definición se pueden enmarcar las actuales guerrillas, no obstante los señalamientos de su alianza estratégica con el narcotráfico para fortalecer la lucha armada, la misma alianza que hace posible el dominio político, económico, social y cultural en ciudades y campos, de delincuentes que se presentan como líderes políticos y que han puesto el Estado al servicio del lavado de activos y de la corrupción, apoderándose de recursos del Estado, que deberían tener como destino a los más empobrecidos.

De otro lado están las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto- EAOCAI, tal y como los define la Ley 2272 de 2022, en esta clasificación se reconocen los llamados herederos del paramilitarismo en todas sus denominaciones. Estos grupos heredan la estrategia fortalecida en la década de los 90, como parte fundamental de las maniobras de imposición del modelo neoliberal, como respuesta contrainsurgente, como estructura de promoción y defensa del narcotráfico y como fenómeno cultural ligado a la estrategia política y económica de sectores de las llamadas derechas extremas, siendo los principales aliados del narcotráfico, aunque no los mayormente beneficiados del negocio.

De esta forma, es muy importante retomar lo que se expresó en el programa de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, cuando se afirmó que, “cumpliremos a cabalidad los acuerdos de paz con las FARC y retomaremos las negociaciones con el ELN para finiquitar la existencia de la insurgencia armada en Colombia a partir del diálogo político”, y que “Fortaleceremos las diversas ciudadanías como sujetos sociales y políticos en procura de consolidar una paz total”, propuestas ratificadas luego por el legislativo, por iniciativa del gobierno nacional en la llamada Ley de paz total (2272 de 2023) y en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la vida y la paz.

En este marco, es válido volver a la siguiente pregunta ¿Es posible y necesaria la búsqueda de la paz política a través de múltiples negociaciones que tengan como resultado la transformación pacífica y negociada del conflicto armado? Y la respuesta hoy cuestionada, es evidente, claro que se debe continuar por el camino de la paz negociada con todas las guerrillas, aceptando que el mismo gobierno les dio ese estatus político a las disidencias de las FARC, y claro que debemos seguir explorando el sometimiento a la justicia de las bandas criminales, grupos de autodefensas o neoparamilitares. Esto no excluye la necesidad de combatir el fenómeno del narcotráfico, el lavado de activos, de tráfico ilegal de armas y municiones muchas de estas producidas por INDUMIL, y la trata de personas, todos estos, negocios de alto impacto en la economía nacional y que definen en muchos escenarios, la magnitud de la confrontación armada.

Pero no solo se trata del diálogo con los grupos armados, lo más importante es que en este escenario de la Paz, se susciten como lo han venido haciendo las organizaciones sociales, comunitarias y étnicas, mesas de interlocución social para la paz regionales, que mediante procesos asamblearios o encuentros amplios identifiquen en cada región, subregión, ciudad o territorio étnico, las principales causas y consecuencias que originan y alimentan la existencia de grupos armados ilegales.

Instaladas las mesas sociales, se pueden promover procesos de encuentro con los gremios de la producción, el comercio, y los partidos políticos, para construir conjuntamente, pactos de vida regionales, subregionales, en campos y ciudades. Diálogos sinceros, prolongados en el tiempo, armoniosos, sin imposiciones, que generen soluciones a largo, mediano y corto plazo, las cuales deben ser asumidas por el Estado, los Gobiernos Nacional, Departamentales y Municipales, por los Partidos Políticos de todas las ideologías, y por la Mesas de Diálogo con los Actores Armados. Seguramente también saldrán propuestas que no lleguen a ser consensos, pero para eso está la democracia representativa y para eso se contará con mecanismos en relación con la democracia participativa, que deben ser desarrollados a propósito del segundo punto pactado con las FARC-Ep y del primer punto que se desarrollará en la agenda con el ELN.

Luis Emil Sanabria D.