La Administración de Joe Biden pretende abrir un centenar de centros de tramitación de migrantes en Centroamérica y el sur del continente desde donde aquellos que cumplan con los requisitos y así lo deseen puedan ser trasladados a Estados Unidos, España y Canadá para trabajar o recibir algún tipo de protección, según han informado desde el Departamento de Estado.

Washington anunció recientemente un acuerdo con España y Canadá con el fin de fomentar las vías legales de migración ante la expiración de la normativa migratoria vigente este 12 de mayo y la vuelta al llamado Título 8, por el cual aquellos migrantes que lleguen a sus fronteras de forma ilegal serán devueltos y no podrán volver a intentarlo en 5 años.

Inicialmente, está previsto abrir dos de estos centros en Guatemala y Colombia, a los que los migrantes podrán acudir para conocer las distintas opciones que ofrecen Estados Unidos, España y Canadá para conseguir protección internacional o para su reasentamiento en estos países, por ejemplo con algún permiso de trabajo.

Según ha explicado un alto cargo de la Administración Biden, la intención es «abrir finalmente unos 100 centros regionales de tramitación en lugares clave del Hemisferio Occidental». Asimismo, en los próximos días se pondrá en marcha una plataforma en línea para que poder solicitar cita previa antes de acudir a dichos centros.

«Esperamos que el proceso esté en marcha y funcionando en los próximos días», ha confiado, sin querer dar más detalles sobre plazos o posibles emplazamientos de estos Centros Regionales de Procesamiento, como los ha bautizado Washington, ya que aún están en curso las conversaciones con los países de la región.

En todo caso, la fuente ha indicado que Washington confía en contar con «una participación significativa de los países en los que hay una presencia importante de migrantes que podrían aprovechar las nuevas vías legales disponibles» para emigrar.

Asimismo, la Administración Biden ha adelantado que prevé desplegar por el momento a más de 140 funcionarios federales, tanto del Departamento de Estado como del de Seguridad Nacional, que se sumarán a funcionarios de Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Todo este personal será el encargado de informar a las personas que lleguen a los centros de las vías legales que ofrecen los tres países que participan en la iniciativa y de comprobar si son elegibles para ser incluidos en ellos.

AGRADECIMIENTO DE EEUU

Esta iniciativa fue uno de los temas abordados en el encuentro mantenido el miércoles entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el secretario de Estado, Antony Blinken, en Washington y también será tratado en la reunión que mantengan el viernes en la Casa Blanca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Biden.

«Estamos agradecidos por el compromiso de España de trabajar con nosotros en estos centros regionales de procesamiento que vamos a establecer», le dijo Blinken a Albares tras su encuentro, destacando también la «innovativa vía» creada por el Gobierno español de los programas de migración circular, a través de los cuales el sector privado puede cubrir sus necesidades laborales contratando temporeros en otros países.

El ministro de Exteriores hizo hincapié en que España y Estados Unidos tienen una «visión compartida» respecto a un «fenómeno complejo» como es el de la migración. Con esta iniciativa lo que se hace, subrayó Albares, es que demostrar que la vía irregular «no es la única vía que existe» y que no es necesario poner la vida en peligro y optar por «el camino equivocado», aunque legítimamente se busque un futuro mejor.

Ni la Administración Biden ni el Gobierno han ofrecido cifras sobre el número de personas que podrían pasar por estos centros de procesamiento ni de las que en última instancia podrían terminar llegando a Estados Unidos, Canadá o España.

Fuentes gubernamentales han sostenido que en lo que respecta a los acuerdos de migración circular ya existentes con varios países de la región y también a la vía complementaria aprobada la semana pasada en virtud de la ampliación del Programa Nacional de Reasentamiento (PNR) dependerá de las necesidades del mercado laboral español, aunque la voluntad del Gobierno es que vayan en aumento. Este año se prevé que lleguen unos 2.000 temporeros en virtud de los acuerdos de migración circular con República Dominicana, Ecuador, Colombia, Guatemala y Honduras.