El Gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, ordenó el miércoles la detención de al menos 30 periodistas, opositores y activistas que han sido puestos en libertad tras ser acusados de «traición a la patria» o alteración del orden público».

Según ha denunciado el diario ‘La Prensa’, un número indeterminado de afectados, hasta 30 personas –aunque las organizaciones de Derechos Humanos elevan el número a 40–, han quedado en libertad con la condición de personarse periódicamente ante la Justicia.

«Habló el Ministerio Público, que me acusaba por sedición, propagación de noticias falsas, exposición de personas al peligro y por atentar contra el Gobierno. Después nos dijeron que firmáramos un documento donde teníamos que presentarnos todos los días (ante la Justicia)», ha relatado el periodista William Aragón.

Entre los detenidos afectados por la ola de arrestos se encuentra también Teresa Mena, líder del movimiento campesino; Iliana Velásquez, excandidata a la alcaldía en el municipio de Terrabona o el defensor de los Derechos Humanos Harold Antonio González González.

Las detenciones se producen después de la celebración del 2 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Las protestas de 2018 se alargaron durante meses y derivaron en una escalada represiva que se saldó en los años posteriores con más de 200 arrestos de personas contrarias a la tesis del Gobierno.

Ortega ha comenzado también una batalla contra las universidades, consideradas el símbolo de las protestas, imponiendo el cierre de decenas de ellas, lo que ha deteriorado la libertad académica. En los últimos meses, ha privado de nacionalidad a disidentes, ha expulsado del país a embajadores y ha clausurado miles de ONG nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas.