La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha rechazado las conclusiones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha establecido que se cometieron «graves violaciones» de los Derechos Humanos durante las protestas contra la presidenta en diciembre de 2022.

Boluarte ha afirmado que en Perú son «respetuosos de las libertades fundamentales incluida la protestas pacifica que está consagrada en nuestra Constitución», reiterando que el Estado valora y se adhiere a los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos.

En dicho informe, ha afirmado durante una rueda de prensa, hay cuestionamientos «que no compartimos pero respetamos». «Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aún cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas», ha añadido.

Además, ha destacado que la CIDH reconoció que el Estado «tiene un marco legal que protege el derecho a la protesta y regula el uso excepcional de la fuerza con estándares internacionales».

También ha señalado que las recomendaciones que propone la CIDH –que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para investigar estos hechos y compensar de manera completa a las víctimas– son medidas que ya ha puesto en marcha su Gobierno.

«Se creó una Comisión multisectorial que tiene a su cargo la atención integral de los deudos y heridos que sufrieron heridas de gravedad», ha sentenciado Boluarte.

El informe de la CIDH ha analizado los episodios de violencia y represión policial que se cometieron durante las protestas que tuvieron lugar entre el 7 de diciembre –el mismo día en el que el expresidente Pedro Castillo fue destituido y apresado– y el 23 de enero, especialmente en las ciudades de Ayacucho y Puno.

La represión de las movilizaciones dejó cerca de 60 personas muertas, entre ellas un policía, casi mil heridos y decenas de detenidos.