La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha hecho un llamamiento a Nicaragua para que libere a 37 personas que permanecen encarceladas «arbitrariamente» y para que restituya la nacionalidad de las más de 300 personas afectadas por las recientes decisiones del Gobierno de Daniel Ortega.

Durante una actualización oral al Consejo de Derechos Humanos, la subsecretaria general de DDHH de la ONU, Ilze Brands Kehris, ha instado a las autoridades nicaragüenses a derogar toda legislación que impida el ejercicio de la participación política, o el de libertades como la de expresión, reunión, asociación, y nacionalidad.

«Hacemos un llamado al Estado de Nicaragua para que libere incondicionalmente a las 37 personas que aún se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad, entre ellas (el obispo) Rolando Álvarez», ha manifestado Brands Kehris, quien ha resaltado que el estado de salud del mismo se desconoce.

También ha pedido al Ejecutivo de Daniel Ortega que restituya la nacionalidad, así como los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, a las más de 300 personas afectadas por las recientes expatriaciones.

El pasado mes de febrero, el Gobierno retiró la nacionalidad a 222 presos que expatrió a Estados Unidos, quitándosela poco después a otros 96 nicaragüenses en el exilio por la supuesta comisión del delito de «traición a la patria».

En este sentido, el Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos ha instado a Nicaragua a derogar «toda legislación» que impida el ejercicio de la participación política, las libertades de expresión, reunión y asociación, el derecho a la nacionalidad y el derecho a la propiedad con seguridad jurídica.

La petición de la Naciones Unidas tiene lugar después de que la oficina haya documentado «un patrón de violaciones» a las normas y estándares del debido proceso en los juicios llevados a cabo entre enero y febrero a las personas disidentes detenidas arbitrariamente desde agosto de 2022.

Entre las «violaciones» se incluyen juicios a puerta cerrada, denegación a algunos acusados de su derecho a un abogado o abogada de su elección y el derecho a reunirse con él o ella en privado.

Además, algunos de los acusados no habrían tenido conocimiento oportuno o completo de los cargos en su contra ni de las sentencias dictadas contra ellos, lo que les impidió impugnarlas, según relata la ONU en un informe.

La erosión de los Derechos Humanos en el país también se ha evidenciado en el aumento del número de personas que han abandonado el país, que alcanzas más de 260.000 hasta la mitad del año pasado. Nicaragua tiene una población menor de siete millones de habitantes.

Ante esta situación, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH ha instado a la comunidad internacional, especialmente los que han recibido un gran número de nicaragüenses desde 2018, a que proteja de manera «eficaz» el derecho a solicitar asilo y el derecho a una evaluación individual de sus necesidades.

«Saludamos el generoso gesto humanitario de aquellos Estados que han ofrecido la nacionalidad a los nicaragüenses que fueron despojados de la suya y que, en su mayoría, se encuentran ahora fuera de su país de origen. En estas difíciles circunstancias, deseo destacar la importancia de que se facilite, lo antes posible, la reunión de estas personas con sus familiares», ha esgrimido Brands Kehris.