Santiago Murillo era un joven de 19 años que el 1 de mayo de 2021 a las 8:45 pm, a menos de dos cuadras de su casa y en medio de las protestas, recibió un disparo en el pecho que le quitó la vida. Una víctima fatal que se suma a las cifras de las masivas violaciones a DDHH que se cometieron por la Policía Nacional y que han sido reconocidas por la CIDH, la ONU, e incluso por el Estado colombiano. El problema es que, como en la mayoría de los casos, no se ha garantizado la justicia y las víctimas se han quedado en cifras.

Cifras que desconocen el sufrimiento de las familias que se enfrentan a un sistema judicial ineficiente. Números que no reparan, que se sobreponen a la memoria de las víctimas y que excluyen a las familias que se enfrentan a la estigmatización y a un Estado que no las reconoce. Según un informe que revelamos el año pasado, la mayor parte de las violaciones que se registraron durante las protestas siguen impunes. Al menos en un 61,1% de los casos que reporta la Fiscalía General de la Nación no se han identificado los presuntos responsables[1].

Aunque el proceso se encuentra en etapa de juicio y está identificado el presunto responsable, el Mayor de la Policía Jorge Mario Molano Bedoya, desde septiembre de 2021, los padres de Santiago están esperando que se realice la audiencia de juicio. Sin embargo, las maniobras dilatorias para suspenderla han sido tantas y la ineficiencia de sistema judicial colombiano es tan mayúscula, que el pasado 31 de enero el Mayor Molano quedó en libertad por vencimiento de términos. En este caso hay doble penalidad, por el asesinato de Santiago y porque fue cometido por un policía cuya función es cuidar la vida y no eliminarla.

La CIDH, en su informe de verificación de cumplimiento a las recomendaciones que hizo con ocasión a las protestas del 2021, le sigue haciendo el llamado al Estado colombiano para que refuerce las acciones de investigación de carácter disciplinario y penal. A la fecha, el Estado no ha implementado ninguna medida de cumplimiento dirigida a reparar a las víctimas y familiares.

Detrás de estas cifras hay madres, como la de Santiago, que luchan incansablemente porque se garantice la justicia y no las vamos a dejar solas. Exigimos justicia por Santiago y por su familia, no podemos permitir que la impunidad nos venza. No podemos aceptar que mientras la Fiscalía muestra avances en la investigación de agresiones hacia miembros de la Policía, en las investigaciones de hechos en los que civiles fueron asesinados durante el Paro Nacional lo común sea la impunidad.

Diego Cancino

Concejal de Bogotá

[1] Diego Cancino (2022), Informe “Resistir a la Impunidad”.