El Ejército de Liberación Nacional (ELN)ha confirmado que el alto el fuego bilateral será el siguiente punto de la negociación prevista para el 23 de enero en México, después de que dicha medida anunciada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, días atrás no contara con el consenso de la guerrilla.

El ELN ha subrayado que tal y como expresó al final de la primera ronda de diálogos, entienden aquel decreto emitido por Petro «como una propuesta para ser examinada en el siguiente ciclo» y que, hasta entonces, no puede tomar una decisión hasta hablar con la dirección nacional al respecto.

A su vez, la guerrilla ha aprovechado también para publicar el balance sobre el seguimiento que el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) ha hecho de la tregua navideña que pactó con el Gobierno, en el que se destaca que no se registraron acciones violentes que se les pueda atribuir.

Del mismo modo, destaca que entre el 24 de diciembre y el 2 de enero, el ELN liberó a dos personas que habían sido secuestradas el pasado mes en Arauca y Norte de Santander y que no hubo operaciones de la fuerza pública contra la guerrilla.

A pesar del último contratiempo, los representantes de Casa Nariño en la mesa de diálogo confían en el buen devenir de las conversaciones. La senadora María José Pizarro ha enfatizado que el objetivo de alcanzar la paz es «incalculable» y que se logrará «sin importar los obstáculos».

«Confío en que la próxima ronda de negociación nos permita abordar y concretar el cese de hostilidades. De eso se trata la paz total», ha dicho en Twitter, recalcando que ya establecer una mesa de negociación «es un importante avance».

Para el también senador Iván Cepeda, el último mensaje del ELN confirmando que el alto el fuego bilateral será el primer punto a negociar en la siguiente ronda de diálogos es «significativo» de que «ninguna posibilidad está cerrada».

Esta semana el ELN negó que hubiera alcanzando un alto el fuego bilateral con el Gobierno de Colombia tal y como el presidente Petro anunció el 31 de diciembre. La guerrilla aclaró que dicha posibilidad debía ser analizada por sus estructuras y que sería motivo de debate en el siguiente encuentro previsto en México.

Tras el anuncio, el Gobierno respondió dejando sin efecto el decreto en el que se definía dicha medida y por tanto las fuerzas de seguridad del Estado siguen estando en plenitud de sus facultadas ofensivas.