El asesinato de los cuatro miembros de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) desaparecidos el pasado 27 de mayo entre los municipios de La Uribe y Mesetas, en el Meta, una vez más pone en dudan el trabajo que por la seguridad del país se supone que hace el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque, especialmente por quienes trabajan por los derechos humanos.

Puede el mandatario hablar duro, manotear y calificar de criminales a quienes cometieron el vil asesinato, pero nada de esto va a asustar a las organizaciones ilegales que están tras el hecho, ni siquiera la orden tajante de apertura de investigación, porque como bien se sabe, son trabajos que tienen como máximo logro la captura y judicialización de los gatilleros y que dejan por fuera a las cabezas.

Estos sucesos han convertido a los procesos de restitución de tierra en una especie de “esfuerzo maldito”, porque es claro que las estructuras criminales que provocaron el despojo siguen vivas y están al acecho de lo que ocurra con que el bien que es reclamado para caer sobre el reclamante y amenazarle de nuevo.

Por lo anterior, se requiere de una estrategia de seguridad que acompañe a estos procesos que vaya más allá de la entrega del chaleco antibalas y el radioteléfono, que proteja a la víctima y a los funcionarios del Gobierno que acompañen el proceso. Es algo de sentido común, pero que claramente Iván Duque y a su equipo de trabajo, carecen.

Lo ocurrido en el departamento del Meta pone en evidencia lo que puede estar sucediendo con todo aquel que se atreva a reclamar sus tierras y con las organizaciones de la sociedad civil en los territorios que trabajan en pro de quienes necesitan algún proyecto productivo para generar recursos propios sobre los terrenos que le son entregados.

Si se tuviese un poquito de voluntad para trabajar por este fin, se lo lograría, el problema es cuando esta intención no existe y además, poco parece importar.

Todo lo anterior, sumado a la crisis de seguridad provocado por los actores armados ilegales han hecho que nuestro país poco a poco se vea sumergido en un laberinto sin salida. Lo particular del asunto es que sucede en un gobierno que prometió ser la segunda versión de la administración de Álvaro Uribe Vélez, quien como presidente pudo tener uno que otro suceso cuestionable, pero cuando menos, tenía claro para donde iba y unas metas claras, es decir, todo lo contrario a Iván Duque, quien lo único claro que tiene es que su mandato termina el 7 de agosto de 2022, afortunadamente.

Cambiando de tema, que mal le queda a la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez, tratar de desautorizar a la alcaldesa Claudia López en su intención de implementar las recomendaciones de la CIDH. Parece que Ramírez no sabe que en Colombia existe la figura de Autonomía Territorial.