Por: Yamile Vanegas*

Lo que menos esperamos los ciudadanos en Colombia es que se nos atropelle la privacidad que como personas tenemos derecho. Por tanto, no es posible que se regrese a las oscuras prácticas de los seguimientos ilegales, no solo a periodistas y políticos de oposición, sino además a dirigentes de las organizaciones no gubernamentales, que de una u otra manera trabajamos por el bienestar de todos y de todas, la convivencia y la paz.

No es posible que vía Ejército Nacional, institución vestida de honor y gloria, se vulnere la vida privada de los colombianos. ¿Dónde queda entonces el respeto que el Gobierno Nacional nos debe a los ciudadanos del común?

No puede ser que ahora se mal utilice a soldados que solo cumplen órdenes, para que se persiga de manera ilegal a periodistas como María Alejandra Villamizar por ejemplo, que el único pecado que ha cometido es el de ejercer su labor con independencia y total eficacia.

Parece que el presidente Duque poco le interesa que los fantasmas de los hechos que enlodaron al Gobierno Uribe, como el de las chuzadas por ejemplo, aparezcan en su período y dejen la impresión de que la obsesión del Centro Democrático por retornar al poder, era para regresarnos a una época bastante oscura en la que expresar una opinión que fuera en contravía del entonces primer mandatario, era suficiente para que se nos tildara y se nos señalara de “aliados del terrorismo”.

No entiendo la razón por la que se permite que se retorne a estas prácticas, que solo provocaron rechazo de parte de la opinión pública y dejaron muy mal parado al Gobierno de entonces.

La vida privada de las personas es un bien que merece respeto de parte de todos y nadie tiene derecho a pasar por encima de esto, mucho menos si se trabaja en primer lugar por los derechos humanos como sucede con las ONG’s o como en el caso de los periodistas, que cumplen la misión de revelar verdades ocultas, de hechos que suceden al interior del Estado, muchas veces a espaldas del primer mandatario y de los representantes de los poderes Legislativo y Judicial.

Lo que más me cuesta creer es que sea cierta la revelación de la Revista Semana, de que se le pagó a una persona para difamar el nombre de quienes se ha declarado objetivo a seguir y que no les haya importado que este sea un mal tratador de mujeres. Vale la pena mencionar el viejo adagio que a la letra dice, “blanco es y gallina lo pone”, porque por las características de la denuncia, se trataría de Gustavo Rugeles, personaje que se ha hecho famoso por dirigir un pasquín, lleno de mentiras y verdades a medias.

Como mujer, Trabajadora Social y líder de una Fundación que trabaja por la sana convivencia entre las personas, no puedo estar de acuerdo, ni mucho menos aplaudir en el caso de que sea cierto, se utilicen recursos del Estado para contratar a alguien que maltrata al género femenino y así destruir el nombre de las personas. No sabría quién es peor, si el que contrata los servicios de un personaje nefasto como este o el que recibe por ejecutar esta tarea.

Le pido al Gobierno Nacional nos aclare a los colombianos, si es cierto que desde el Ejército Nacional se está vulnerando la privacidad de las personas y sobre todo nos deje claro, si podemos tener la tranquilidad, de que no se está retornando a épocas de prácticas oscuras, lejanas de la legalidad.

*Directora Fundación Acuerdos por la Paz (@FAPAZColombia) – Columnista invitada