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El gobierno presentó este lunes 30 de diciembre el proyecto del decreto con el que espera revivir la fumigación aérea con glifosato para combatir los cultivos ilícitos en Colombia.
El documento fue presentado por la ministra de Justicia, Margarita Cabello, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, el alto consejero para la Seguridad, Rafael Guarín, y el general Luis Fernando Navarro y estará disponible desde hoy hasta el próximo 30 de enero para que los interesados hagan comentarios sobre el mismo.
Según la ministra, el proyecto de decreto presenta los mínimos que debe tener el Consejo Nacional de Estupefacientes para autorizar la erradicación con aspersión.
Se espera que con las medidas que busca implementar el Gobierno Nacional, planteadas en este proyecto normativo, se armonice la estrategia integral de la reducción de cultivos ilícitos con las inquietudes de la ciudadanía en torno a los riegos en la salud y la afectación para el medio ambiente con este método de erradicación.
En el documento se plantean veedurías ciudadanas y vigilancia de la ANLA y el INS a las repercusiones ambientales, sanitarias y sociales que pueda acarrear volver a esta práctica.
La publicación para comentarios, del Proyecto de Decreto no implica una reactivación automática de las actividades de aspersión. La reanudación de la aspersión aérea, como una herramienta complementaria de la estrategia integral para la reducción de los cultivos ilícitos y de la producción de drogas, será definida por el Consejo Nacional de Estupefacientes una vez se desarrolle la reglamentación que propone el Proyecto de Decreto, que determina principalmente:
– La ejecución de la actividad a cargo de la Policía Nacional.
– Un mecanismo independiente de seguimiento por parte del Instituto Nacional de Salud (INS) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
– Una evaluación permanente del riesgo a cargo del INS y de la ANLA.
– Una ruta de revisión automática de decisiones frente a la modificación o continuación de la actividad a partir de la evidencia de posibles nuevos riesgos que arroje el sistema de evaluación.
– El desarrollo de estudios antes, durante y después de la ejecución de la actividad sobre los efectos en la salud y el medio ambiente.
– Un procedimiento independiente de quejas sobre afectaciones a la salud, al medio ambiente, a bienes agropecuarios y a viviendas.
– Y espacios para la participación ciudadana y el acceso a la información.
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