En el marco de la audiencia “Pacto de vida por los cerros orientales” que se realizó, en el Congreso de la República, las entidades del Distrito que fueron invitadas al evento, se negaron a firmar un pacto ambiental sugerido por la propia comunidad, las organizaciones sociales que hacen presencia en el territorio y los congresistas citantes a la audiencia pública, Ángela María Robledo, Angélica Lozano, Alirio Uribe e Iván Cepeda.

El pacto en mención, tiene como objetivo establecer un acuerdo básico sobre la necesidad de concebir y actuar de manera decidida, articulada y coherente con este espacio de vida y biodiversidad que son los Cerros Orientales de la ciudad, que exige garantías para conservar lo que hay que conservar y garantizar la habitabilidad digna de sus pobladores históricos rurales y urbanos.

La congresista Ángela María Robledo de la Alianza Verde, aseguró que la Alcaldía de Bogotá está más preocupada por legalizar y favorecer a algunas de las empresas constructoras que le aportaron a su campaña que por proteger las reservas ambientales que tienen una incidencia directa en la salud y calidad de vida de los bogotanos. “Esta decisión evidencia la falta de voluntad de la administración distrital para cumplir las órdenes del fallo que protege los cerros y que tiene una incidencia directa en unas 96 mil personas que habitan en las cinco localidades de los cerros orientales”, aseguró.

De igual manera, el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, afirmó que como Congresistas seguirán haciendo control político a las entidades del Distrito comprometidas, “continuaremos acompañando a las comunidades en la exigibilidad del cumplimiento del fallo judicial en todos sus contenidos, no vamos a permitir como al parecer quiere Peñalosa, que se cambie el uso del suelo para poder favorecer a sus amigos constructores y llenar de cemento los cerros” afirmó

Dentro de los principales compromisos propuestos a la administración distrital, se encontraban, evitar nuevas urbanizaciones en el área no ocupada de la franja de adecuación y cambios en el uso del suelo, invertir en programas concertados socialmente en relación al mejoramiento integral de barrios y veredas y la potenciación de economías solidarias y populares y destinar recursos suficientes para el cabal cumplimiento del fallo del Consejo de Estado proferido en el año 2013, el cual reconoció la necesidad de legalizar los barrios populares y a la vez orientó proteger y conservar el patrimonio natural.