La Comisión Primera de Senado aprobó, con 11 votos a favor, el proyecto de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. El principal cambio que se introdujo en este debate fue la posibilidad de que, a solicitud de los magistrados en cada caso, la Procuraduría intervenga en los procesos, para defender los derechos fundamentales de las víctimas.

La modificación avalada por la corporación indica que El procurador general de la Nación, por sí o por sus delegados y agentes, a solicitud de alguno de los magistrados de la sección que conozca del caso.

Uno de los puntos más importantes de lo aprobado y que alegró a las fuerzas militares fue la exclusión del artículo 28 del Estatuto de Roma que dicta la responsabilidad de jefes y otros superiores en cuanto a sus actuaciones en desarrollo de la guerra. Éstas no serán juzgadas a la luz del Estatuto de Roma y no habrá responsabilidad del mando en otras como los falsos positivos.

Los militares señalaban que algunos apartes del Capítulo VII en relación con el tratamiento especial diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública, señalándose las conductas punibles que entrarían a esta jurisdicción y lo concerniente a la responsabilidad de mando frente a los hechos que sean motivo de investigación, judicialización y sanción penal, eran una causa de preocupación constante por la construcción del articulado.

Sin embargo, la senadora Claudia López explicó, durante su intervención en el debate, que la Corte Constitucional ha dicho expresamente que aquel artículo sí se usa como parámetro de interpretación de constitucionalidad, “por lo tanto, sí hace parte del bloque de constitucionalidad”.

La parlamentaria aseguró que los ponentes del proyecto de ley están mintiendo deliberadamente para inducir a un error. López insiste en que la negociación que el gobierno hizo con los militares al decirles que quedarían eximidos de la aplicación del artículo 28 del Estatuto de Roma, dándoles un tratamiento por fuera de dicho tratado y de sus estándares internacionales en el tema relacionado con la responsabilidad de mando, fue inconveniente, ilegal y lo calificó como un “regalo envenenado”.

“No se crean ustedes tan listos que por hacer un acuerdo politiquero por debajo de la mesa, engañando a nuestra fuerza pública, van a lograr engañar a las Cortes nacionales e internacionales. Lo único que están haciendo, creando ese tratamiento innecesario, inconstitucional y contrario a los estándares internacionales, a que la fuerza pública no quede con seguridad jurídica en el orden jurídico interno y queden expuestos a la eventual intervención de la CPI (Corte Penal Internacional)”, advirtió.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jorge Londoño, aseguró que el Estatuto de Roma no es necesario agregarlo porque la misma JEP lo recoge.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que con lo aprobado por la Comisión, y a falta de un debate en Plenaria, los militares activos quedan satisfechos con la JEP, mientras que espera comprensión y buena voluntad de parte de los militares en uso de buen retiro.