Luego que el gobierno y las Farc alcanzaran un nuevo Acuerdo de Paz en La Habana, el tiempo se convirtió en el peor enemigo del proceso. Razón por la cual el gobierno alista el primer paso para empezar a implementar lo plasmado en las 310 páginas que tiene el nuevo documento. Previo a la implantación del acuerdo, se debe dar su refrendo y todas las miradas están dirigidas al Congreso.

Una vez se refrende el nuevo Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc, situación que cada día se ve más cerca en el Congreso, el ejecutivo deberá presentar el paquete normativo que permita ejecutar todos los compromisos acordados en la Habana entre el estado y la guerrilla de las Farc.

La duda frente al tema, gira en torno a los tiempos que tardarían en tramitarse dichas normas, toda vez que a la fecha el denominado “fast track” contemplado en el Acto Legislativo para la Paz quedó sin vigencia luego que la mayoría de los colombianos rechazarán en las urnas el acuerdo firmado por el presidente Juan Manuel Santos y el jefe guerrillero Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’ el 26 de septiembre en Cartagena.

En ese sentido, para su implementación, el nuevo acuerdo tendría que surtir el procedimiento normal en el Congreso; es decir, las leyes tomarían cuatro debates que se pueden hacer en un año y las reformas a las Constitución ocho debates, con lo cual pasaría un año y medio para la aprobación del Acuerdo vía Congreso.

Para Francisco Barbosa, máster en Historia de la Universidad Javeriana y Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, lo primordial en este momento es agilizar la implementación de los acuerdos en el Congreso, por lo que considera que se debe revivir el mecanismo de vía rápida o hacer un Nuevo Acto Legislativo para la Paz.

“En este momento se debe resolver el mecanismo que permita implementar rápido los acuerdo en el Congreso. Puede ser con un nuevo ‘fast track’ o que el presidente decrete un mensaje de conmoción interior e implemente el acuerdo vía decreto”.

Para el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, por ahora está descartado el denominado ‘fast track’ y que lo único que podría revivirlo sería una decisión de la Corte Constitucional al respecto.

Lizcano considera que el primer proyecto de ley que debe tramitar el Congreso es relacionado con la amnistía para los cerca de ocho mil guerrilleros que permanecen pre concentrados en diferentes zonas del país. En ese sentido, Lizcano considera que dicha ley llegaría con mensaje de urgencia por lo que su trámite sería expedito.

Frente a los otros proyectos de la implementación como los de la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz, manifestó que tardaría seis meses en su trámite.

Hasta ahora no es claro el tiempo que tardaría el legislativo en tramitar todas las leyes que permitan poner en marcha lo acordado en Cuba. Lo cierto es que sin un mecanismo rápido que permita agilizar la aprobación del paquete normativo, el debate de la implementación estaría rozando con la campaña presidencial del 2018.