Durante el 2015 la violencia política aumentó: pasó de 78 a 105 casos. Los sindicalistas han sido los más afectados, seguido de los militantes de partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular. Este incremento revierte una tendencia positiva que se había presentado en los últimos años.

El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) reveló un informe, en el que muestra que la violencia de carácter político en 2015 tuvo un registro “negativo”. El peor deterioro porcentual de esta violencia se registró entre sindicalistas, con un aumento de más del doble en los casos -2 a 7. “Este aumento revierte una tendencia positiva que se había presentado en los últimos años, en los que las labores de protección y la judicialización de casos de violencia política contra sindicalistas pudo haber funcionado para reducir esta violencia”. Sin embargo, el número de muertes de sindicalistas sigue siendo muy inferior, en todo caso, a los de los de la etapa de recrudecimiento del conflicto en los años 90.

En tanto a partidos políticos, durante el año pasado, 15 candidatos a cargos de representación política por partidos de oposición como el Polo, la Unión Patriótica, el Partido Comunista, el MAIS, y la Marcha Patriótica fueron víctimas en el marco de las elecciones regionales.

Según el informe, “la violencia política en el país sigue teniendo un fuerte matiz de represión contra partidos y movimientos políticos de izquierda y oposición. No obstante, y en parte por la ausencia de resolución judicial e investigación policial, no se cuenta con evidencia documental de que se trate de un esfuerzo de represión dirigida o ligada a acciones de agentes del estado”.

Frente al tema de amenazas CERAC revela que el número ha disminuido. Según el centro, esto se debe a que “la falta de judicialización efectiva de estos casos haya incidido en que algunas de tales amenazas se concretaran en casos de violencia directa contra las personas, pues también aumentó el número de heridos en atentados”.

La violencia política en los últimos años se ha concentrado territorialmente; son departamentos de alto riesgo para el ejercicio del poder político Antioquia, Caquetá, Valle del Cauca, Bogotá, Cauca y Córdoba. En Atlántico, Tolima y Santander -en orden de gravedad-, se registró un deterioro en el “perfil de riesgo” de líderes sociales, militantes políticos, sindicalistas, entre otros grupos vulnerables durante los últimos tres años, señala el informe.

El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, advierte que el incremento de actos de violencia política puede poner en riesgo, en un posible escenario de posconflicto, la implementación de los acuerdos de paz a los que llegue el Gobierno y las FARC.

“En lo que va corrido del 2016, seis líderes de izquierda han sido asesinados y tres han sido amenazados por desconocidos en Cauca, Sucre, Cesar, Cundinamarca y Antioquia. Las víctimas de estos hechos eran líderes comunitarios opuestos a minería extractiva ilegal, o eran integrantes de sectores de oposición como la Marcha Patriótica, el Partido Comunista o la Coordinadora Nacional Agraria”, reza el análisis.

CERAC señala que “se han registrado amenazas contra guerrilleros de las FARC indultados por el Gobierno en los últimos meses, que se suman a las amenazas de líderes de víctimas, que asistieron a la mesa de negociación, como el caso de Nilson Liz Marín quien fue víctima del asesinato de su hijo luego de reunirse con las partes negociadoras en La Habana”.

Finalmente, el centro dice que “dirigentes de organizaciones de víctimas y de reclamantes de tierras que buscaban participar en las elecciones regionales de 2015, concentran diferente tipos de riesgo: por su activismo legal en favor de las víctimas, por estar en contra de intereses ligados a aparatos armados ligados a la desmovilización paramilitar, por ser líderes campesinos, ser mayoritariamente mujeres cabeza de hogar y por estar en zonas rurales”.