Se cumplen seis meses desde que se firmó uno de los puntos más polémicos en el marco del proceso de paz: Justicia transicional. Las partes decidieron entonces que este 23 de marzo se firmaría el acuerdo de paz para terminar 50 años de guerra. Sin embargo, el momento que esperábamos no llegó. El Gobierno y las FARC decidieron postergar el plazo para firmar un buen acuerdo. ¿Qué falta? y ¿Qué pasará?

El 26 de agosto de 2012 en La Habana, las dos delegaciones (Gobierno- FARC) firmaron el “acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera”, bajo la premisa de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. De los seis puntos ya se han acordado parcialmente cuatro: política de desarrollo agrario integral; participación política (que se dio a conocer el 6 de noviembre de 2013); solución al problema de las drogas ilícitas (dado a conocer el 16 de mayo de 2014) y víctimas – Justicia Transicional, que se anunció el 23 de septiembre de 2015.

Quedan solo dos pendientes: el punto tres de la agenda que es el Fin del conflicto, y el punto seis, que trata sobre la implementación, verificación y refrendación. Además de finiquitar 40 ‘subpuntos’ derivados de los acuerdos 1, 2, 4 y 5.

A la par se han venido pactando temas como la creación de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado (UBPD), y el de desminado que pretende limpiar y descontaminar los territorios en los que hay presencia de minas antipersona, artefactos explosivos artesanales, municiones sin explotar y restos de material de intendencia ocultos en caletas. Estos dos acuerdos con el objetivo de desescalar conflicto y generar confianza en la mesa de diálogos.

Las FARC por su parte iniciaron hace ocho meses un alto al fuego. La Defensoría del Pueblo ha dicho que durante este tiempo no se registraron hostigamientos o ataques contra la infraestructura eléctrica ni petrolera. Aunque sí ha habido varios hechos que afectan los derechos humanos de la población civil y que tienen como presunta responsable a esta guerrilla.

Organizaciones como el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac) ha señalado en varias ocasiones que, «las acciones ofensivas de la guerrilla y del Gobierno en contra de este grupo se han reducido a los menores niveles vistos en la historia del conflicto armado (…) cumpliendo por completo los compromisos de desescalamiento».

Durante cuatro años el Gobierno y las FARC han dado pasos importantes hacia el fin del conflicto. Aunque podríamos decir que las conversaciones de paz llegaron a su punto de no retorno, debemos recordar que el jefe negociador del Estado, Humberto de la Calle dijo que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Sin embargo, también debemos señalar que hace varias semanas el asesor jurídico del grupo insurgente, Santiago Romero, le dijo a este medio que, el grupo guerrillero “tiene interés (en que se firme un acuerdo final) para poder iniciar su nuevo itinerario político a la mayor brevedad y concurrir en paz a las próximas convocatorias electorales”.

¿Qué pasará?

Durante los dos últimos meses las delegaciones han estado trabajado en los temas relacionados con el -cese al fuego bilateral y definitivo, garantías de seguridad para los guerrilleros desmovilizados; políticas para acabar con el paramilitarismo, mecanismo de elección de los magistrados que harán parte del tribunal de la Justicia Especial para la Paz-, entre otros.

Es indudable que la mesa de conversaciones está trabajando a toda marcha para lograr un acuerdo definitivo que dé por terminado una guerra de más de 50 años, pese a los inconvenientes que se han registrado en las últimas semanas, como la presencia de delegados de las FARC en un acto público en Conejo, La Guajira.

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A su vez el presidente Juan Manuel Santos ha enviado a la isla a su hermano Enrique Santos, para agilizar los diálogos y destrabar temas que han generado diferencias en las partes como lo es las zonas de concentración y la refrendación e implementación de dichos acuerdos.

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Por último, la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry a La Habana, en la que se reunió con la delegación de las FARC, un momento histórico, teniendo en cuenta el cargo que ostenta el alto funcionario estadunidense, pues aunque entre sus funciones esté el de representar al gobierno norteamericano en cualquier conflicto que haya en el mundo, nunca se había llegado al punto de sentarse con un grupo calificado como terrorista por el mismo Departamento de Estado y mucho menos llegar a brindar seguridad a los guerrilleros desmovilizados y en cambiar la idea ante el mundo de que las FARC son una fuerza política y no grupo narcotraficante.

Estos hechos muestran que, aunque hay cosas por finiquitar, el país está ad portas de ver al presidente Juan Manuel Santos y al jefe máximo de las FARC, alias ‘Timochenko’ suscribir el acuerdo final, para que éste le abra la puerta al posacuerdo.

Congresistas como la senadora del partido Alianza Verde, Claudia López, han manifestado que aunque hubiera preferido que se cumplirá la fecha que establecieron hace seis meses, sin duda alguna, dice que prefiere un buen acuerdo y no uno malo. Sin embargo, advierte que ojalá la firma no pase del mes de abril.

El analista Alejo Vargas dice que una vez haya acuerdo sobre el tema de las zonas de ubicación y sobre el mecanismo de refrendación habrá luz verde para la firma del acuerdo final. “No soy amigo de las fechas fatales”, sostiene Vargas. Sin embargo cree que el acuerdo para poner fin al conflicto armado se podría lograr antes del mes de junio.

Pero hay que recordar siempre la frase con la que el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, comenzó este proceso: “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”.