El pasado 28 de mayo una carta radicada en la Procuraduría General de la Nación dejó en evidencia la molestia de uno de los proponentes en el proceso licitatorio del cable aéreo por cuenta de la decisión del IDU de no ampliar el plazo para la recepción de algunos requisitos.

El proceso licitatorio para asignar un responsable en la construcción e implementación del Cable Aéreo para Ciudad Bolívar llegó a su final sin haberse otorgado el contrato correspondiente.

Después de que se denunciara un posible favorecimiento a uno de los proponentes en dicha licitación, a finales del mes de mayo de 2015 la convocatoria cerró sin que fuera asignada la obra.

La principal razón fue la demora en la entrega de varios documentos, por parte de dos de los tres concursantes. El 19 de mayo el IDU publicó la solicitud del documento de subsanabilidad. Este documento debía entregarse, a más tardar el día 26 del mismo mes.

Dos de los consorcios concursantes por el contrato del cable aéreo pidieron que el plazo se extendiera por dos semanas debido a que al ser uniones temporales en las que hay empresas extranjeras y que han realizado obras en el exterior, algunos documentos no podían ser recabados en el plazo de cinco días hábiles como lo exigió la entidad distrital.

Las uniones temporales Unión Temporal Cable Aéreo Bogotá y Tradeco – Sytecsa – BMF – Conasfaltos, fueron quienes solicitaron la ampliación del plazo. El IDU negó la extensión del mismo debido a que se estaría violando el principio de legalidad y a que era responsabilidad del proponente entregar los documentos que exigía el pliego de condiciones.

Ante esto la Unión Temporal Cable Bogotá que por decisión del Consejo de Estado de noviembre de 2014, este plazo debería ser razonable y podía ser ampliado. El IDU zanjó la cuestión finalizando el plazo del proceso licitatorio sin ampliar los términos para la subsanación. Por esta razón la licitación del cable aéreo para Ciudad Bolívar se quedó sin quien construya la obra, por el momento, y la asignación del contrato para que sea realizada debería hacerse en la siguiente administración, de persistir esa situación.

Por lo anterior Cable Bogotá radicó una solicitud de intervención preventiva y acompañamiento ante la Procuraduría General de la Nación.

Esta licitación ha sido cuestionada por varios de los proponentes, así como la red de veedurías ciudadanas, como ya lo informó Confidencial Colombia en su momento.