El 2015 se acerca y con su cercanía se empiezan a hacer las previsiones de los retos que tiene el país. Se habla de que será el año en el que es posible que se concrete un acuerdo para el final del conflicto, lo que significa que durante estos 365 días debe comenzar la maratónica labor de socializar los acuerdos, definir el mecanismo para que los colombianos den su aprobación a los mismos, pero sobre todo, porque será el 2015 cuando iniciará el largo camino de ‘pacificación’ en los territorios. COLUMNA OPINIÓN

La MOE, Misión de Observación Electoral, realizó la semana pasada un taller para abrir la discusión sobre la construcción de paz en lo local. En esa mesa participaron organizaciones que ya tienen un trabajo acumulado de reconocimiento de los retos que plantea el conflicto y que tienen especificaciones concretas y diversas en cada región. Se habló por ejemplo de la particular situación en Nariño, en donde confluyen todo tipo de organizaciones armadas, y cultivos ilícitos de todas clases, también del Valle, de las grandes paradojas sociales y las amenaza de la inseguridad.

Se trajo a colación el ejemplo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que ahora se replica en más de 20 zonas del país; desde Norte de Santander y algunos departamentos de la Costa se habló de la fragilidad de las fronteras.

En cada exposición se podía percibir que los diagnósticos están hechos, y también que la gente de los territorios reclama autonomía y participación en la definición de planes de adecuación e implementación de los acuerdos de La Habana.

Asuntos son los esenciales en las regiones a la hora de preguntarse, ¿qué les concierne a ellos, en su entorno más cercano y más propio que se firme el fin del conflicto en Cuba? Las respuestas están en construcción y dependen de los escenarios que genere ese acuerdo. Todo ejercicio en esa dirección es válido. Sin embargo existe un obstáculo del que se habla en todo el país: La corrupción.

En 2015 hay elecciones locales. Y los partidos políticos desde ya están haciendo los acuerdos con unos y otros para lanzar candidaturas que les aseguren poder local. Los más realistas afirman sin ninguna vacilación, que las elecciones seguirán amarradas a las empresas electorales, y las mafias políticas que se abrogan como suyos los territorios, y que en esa rapiña por mandar y contratar y robar; quedarán inmersos los buenos propósitos de aplicar los acuerdos en los municipios y departamentos.

Muchos de los candidatos que se lancen proyectaran en sus campañas, y alentados por sus jefes políticos, la polarización entre el uribismo y el santismo. Algunos tendrán que recitar que apoyan la paz, y otros enumerarán un sin número de críticas al proceso, unos, y otros escogerán la empresa que más dinero les garantice para aceitar el voto de los ciudadanos y coartar su voluntad.

Pero, ¿podrán los ciudadanos escoger entre la paz, o la ‘no paz’, a sabiendas que detrás de ese discurso se esconden los corruptos de siempre?

El acuerdo de final del conflicto no solucionará los problemas sociales de las regiones, pero sí puede ser el canal para que esas soluciones se abran paso con el nuevo momento y que obliguen a los gobernantes a sembrar las oportunidades que este traiga. Pero si la corrupción sigue campeando, intimidando y motivando la llegada al poder de mandatarios interesados solo en el interés de sus negocios, no parece claro que los territorios sean beneficiados de la anhelada paz. Así que mientras llega la firma, los partidos tienen un papel. Paz significa candidatos limpios y conectados con este periodo de transición, sino seguiremos en las mismas, pero con un acuerdo enmarcado y colgado en la pared.