El corregimiento de Las Mercedes ubicado en el departamento del Chocó era desconocido para muchos hasta el domingo 16 de noviembre, cuando se conoció la noticia de que en este pequeño caserío habían secuestrado al Brigadier General Rubén Darío Alzante, al cabo primero Jorge Rodríguez Contreras y la abogada Gloria Urrego, por el bloque ‘Iván Ríos’ de las Farc.

Muchos periodistas llegaron a Las Mercedes para obtener información de primera mano sobre el hecho que hizo que el presidente Juan Manuel Santos suspendiera los diálogos de paz hasta que este grupo guerrillero regresaran a la liberta al alto oficial y a sus acompañantes.

Esta situación no solo ha generado un malestar en la opinión pública y en el sector político, sino en la comunidad de Las Mercedes. Tanto así, que varias organizaciones como: el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA), el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato, la Mesa de Diálogos de Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, entre otras, han hecho un llamado a las autoridades para dar una solución “humanitaria a la crisis provocada por la retención del general Alzate”.

En el comunicado las organizaciones explican que, “ni las autoridades étnicas, en cabeza de —COCOMACIA—, que representan al Consejo Comunitario Local de Las Mercedes, ni la comunidad en general, conocían de la visita del alto oficial”.

También rechazan las “especulaciones y señalamientos de algunos medios masivos de comunicación” a la hora de informar sobre los hechos ocurridos, pues según la carta, no tienen “claridad o certeza” de lo que pasó; así “involucrando de manera irresponsable” a la población y poniendo en riesgo la seguridad de quienes habitan en el caserío.

Además, insisten en que la falta de prevención en la seguridad del General, no puede ser atribuida al corregimiento de Las Mercedes y, enfatizan en que la liberación del alto oficial debe buscarse por la vía de diálogos humanitarios y no por operativos militares, ya que esto puede poner en situación de riesgo a la región del Atrato.

Por otro lado, muestran su desacuerdo con la ejecución de proyectos de inversión social en las comunidades por parte de la fuerza pública. Esto argumentándolo en la agenda estratégica Chocó 2038, —pues según la Constitución y la Ley, ésta es una competencia específica de los entes territoriales, ministerios e institutos descentralizados—.

Las organizaciones, exigen a la fuerza pública que cumplan con su deber, es decir en la protección de las comunidades, ya que, “en medio de esta coyuntura especial, ningún operativo puede poner en peligro la vida y los bienes de los pobladores de la región del Atrato”.

La exigencia también se la hacen a las Farc, para que dejen por “fuera de su accionar militar a la población civil, respeten la autonomía de las comunidades y cumplan las normas del DIH”.

Las organizaciones étnicas territoriales y la Diócesis de Quibdó, manifiestan su deseo de apostarle a una salida negociada del conflicto armado por medio del dialogo. E instan a las Farc para que liberen inmediatamente al general Alzate y a todos los secuestrados que se encuentren en su poder, y al gobierno para que maneje la situación con “prudencia” y así continúen los diálogos de paz.