El Senado dio inicio al debate sobre cómo se va a financiar un escenario de fin del conflicto armado, que según se calcula, costará entre 54.2 billones y 93 billones de pesos durante 10 años.

El Senado de la República dio inicio a la discusión acerca de las cifras de una posible etapa de posconflicto, que se alcanzaría si el proceso de paz que adelantan el gobierno y las farc desde La Habana resulta exitoso. El panorama, debatido este martes en plenaria durante casi ocho horas, vislumbra grandes retos y una monumental inversión.

De acuerdo con el informe de la comisión de paz del Congreso, se necesita ejecutar una fórmula que concentre las inversiones en las veredas. Dice el estudio que los recursos estarán focalizados en 368 municipios que han estado sometidos al impacto directo del conflicto, con el fin de alimentar tres ejes fundamentales: la construcción de sociedad, de institucionalidad y de equidad.

La triada apunta a enfocar esfuerzos en áreas altamente sensibles. Por ejemplo, se incluye la actualización del Catastro en cada uno de esos municipios, un proceso que cuesta 13 mil millones de pesos, según la comisión. También se invertirá 100 por ciento en la formalización de la propiedad y la obtención de los títulos en las zonas marcadas (por un monto de un millón y medio de pesos por cada uno de los 291 mil predios por regularizar). Se incluye asistencia técnica en los municipios principalmente para el tema de vías terciarias, un aspecto históricamente de indiscutible alcance en todo cálculo del posconflicto.

Todo esto tendría que ir enganchado del Presupuesto Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo y de un modelo económico que abandere en su totalidad la financiación del posconflicto.

Según la senadora Claudia López, miembro de la comisión, el Gobierno Nacional tendrá que invertir 54.2 billones de pesos por una década. Según el congresista Roy Barreras, también parte de esta comisión, se necesitan 90 billones. Los dos parlamentarios, la primera de la Alianza Verde y el segundo de La U, citaron el debate y concordaron en que el total de las inversiones alcanzarían los 93 billones de pesos aproximadamente.

“Este cálculo incluye el costo de construir las instituciones mínimas que garanticen justicia y seguridad pública; regulación de la propiedad, uso y explotación de la tierra; servicio civil, y capacidad administrativa, financiera y de planeación local, tributación local y capacidad fiscal; e inversiones cuantiosas en salud, educación, vías, agua, electrificación, vivienda y desarrollo rural», anotó López.

¿Pero se tiene ese dinero? Y, más importante, ¿de dónde va a salir?

“Plata no hay, toca buscar formas de conseguirla”, admitió Horacio Serpa en nombre del Partido Liberal. En efecto, ni el actual presupuesto ni la reforma tributaria que se viene, priorizan el final del conflicto. En todo caso, en la plenaria se debatieron varias alternativas.

Una fue acudir al sector privado, otra a la comunidad internacional y otra que mezclaría las dos anteriores con un redireccionamiento de recursos que estén en otro sector. Es decir –por ejemplo- tomar del presupuesto en seguridad e inyectarlo en el posconflicto.

Con respecto a las inversiones que ya están en curso, el Ministerio de Hacienda precisó en el encuentro que “ha sido muy difícil hacer visibles los recursos destinados a las víctimas en el Presupuesto Nacional, pero la labor ha sido grande”.

Las cartas del Ministro de Agricultura

Aurelio Iragorri, jefe de la cartera de Agricultura, expuso las aristas que se harán desde su administración, considerada piedra angular de un escenario de posconflicto.

Por un lado resaltó la asistencia técnica, ahora inexistente, a los campesinos que vuelvan a sus tierras. Para ello se van a “contratar 55 mil personas que hayan estudiado carreras agropecuarias y se van a atraer a los jóvenes campesinos para que retornen al campo a trabajar”, anotó el Ministro.

Luego precisó que el acceso a la tierra, a la maquinaria y a la tecnología tendrá respaldo, a pesar que aún no hay exactitud en los datos sobre títulos de los predios. En seguida explicó que se está preparando un paquete de acciones por regiones y por producto, y que se coordina con el Ministerio de Defensa un esquema de seguridad para la protección de los agricultores.