Con lo decidido el día de hoy por el juzgado tercero administrativo de Bogotá el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro logra respirar de nuevo después de que en la noche de ayer la Registraduría anunciara el aplazamiento del referendo revocatorio para Bogotá. El juzgado consideró que el decreto que establece el nuevo modelo de aseo en la capital es legal, decisión que va en contravía del fallo sancionatorio de la Procuraduría en contra de Petro, emitido el pasado 9 de diciembre.

En otro dramático giro de la larga batalla jurídica entre la Procuraduría General de la Nación, encarnada por Alejandro Ordóñez y el alcalde mayor Gustavo Petro, el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá consideró que el decreto que establece el nuevo modelo de aseo es legal.

Así lo anunció el alcalde Petro en una rueda de prensa en la sala de crisis de la Alcaldía de Bogotá. De acuerdo a lo dicho por el mandatario capitalino el “Decreto 564 que norma modelo de aseo actual de Bogotá, causa de mi destitución en la Procuraduría, ha sido declarado legal por la justicia”. De esa manera la decisión del juzgado viene a añadir nuevos elementos de análisis a una controversia jurídica que inició el pasado 9 de diciembre.

La sanción de la Procuraduría, en la que destituye e inhabilita para ejercer cargos públicos por 15 años, al alcade Petro se basó, entre otras cosas, en la restricción a la libre competencia al hacer que el esquema de aseo de la ciudad repose en una empresa pública.

Sin embargo, una tutela admitida por el magistrado Juan Carlos Garzón Martínez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el pasado 23 de enero, señalaba que la Procuraduría intentó «encajar infructuosamente la conducta del Alcalde Mayor de Bogotá para que se ajuste a los cargos taxativos determinados por el legislador», hipótesis que se ve respaldada por la decisión tomada el día de hoy por la juez tercera administrativa, Aura Patricia Lara Ojeda. En otras palabras, el fallo judicial de hoy dice que el decreto es legal, decisión que demostraría que los cargos con los que se sancionó a Petro carecen de sustento jurídico y refuerza la hipótesis según la cual no se habría fallado en derecho sino que existe una persecución en contra del alcalde.

De igual manera esa decisión judicial deja sin argumentos la sanción anunciada por la Superintendencia de Industria y Comercio, que buscaba imponerle una multimillonaria multa a Petro por la vulneración a la libre competencia con la implementación del nuevo esquema de aseo. Esto tendría que llevar a un replanteamiento de la sanción anunciada por la Superintendencia.

Así las cosas, los fallos de la jurisdicción contecioso administrativa, juez natural de las decisiones de la Procuraduría y de la Superintendencia de Industria y comercia, deja sin piso las decisiones de esos dos entes. Además, estaría mostrándole a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la sanción en contra de Petro es irregular y que en Colombia existen medidas que protegen al alcalde. Con estos argumentos expresados por el juzgado el Consejo de Estado tiene nuevos elementos para valorar las tutelas sobre las que está llamado a decidir en las próximas semanas.