Con el fin de la tregua, las Farc recordaron que la guerra que vive el país continúa. Con el ataque a la población de Pradera, Valle se confirma la necesidad de terminar con un flagelo que sigue derramando sangre de colombianos y perpetúa a varias regiones a vivir con la miseria y el miedo que un conflicto armado desencadena. Tanto el anhelo de paz como la condena por los atentados ocurridos, hay que reclamarlos con igual ímpetu.

La condena de los actos ocurridos en esta población azotada históricamente por la violencia, que dejó un saldo de un muerto y 61 heridos, la gran mayoría civiles, se debe hacer con gran vehemencia, pero con la firme convicción de que el proceso en La Habana es una oportunidad que no se debe desperdiciar. La población civil, que es la verdadera víctima de ese vetusto conflicto, está con el diálogo con las Farc, como lo revelan varias encuestas que señalan un alto porcentaje de conformidad con lo que se viene trabajando.

Es claro que la violación al Derecho Internacional Humanitario es algo que no se debe dejar pasar. La cuenta de cobro que se le debe pasar a las Farc debe tener un alto costo. La destrucción de municipios enteros y la utilización de armas no convencionales, es un tema que en el quinto punto -Víctimas- se tiene que tratar con memoria y reparación total de la población afectada por ataques como el ocurrido en Pradera.

De la misma manera, se debe recordar que las conversaciones se vienen adelantando en el marco de un guerra que continúa en las zonas más alejadas de los centros de poder.

Lo difícil de cualquier negociación se ha reflejado en más de un año de conversaciones en La Habana. Varios disonancias mediáticas de amabas partes, así como imprudencias de políticos cercanos al proceso, han probado la fuerza y la confianza que puertas para adentro hay en la mesa, situación que consolida los acuerdos hasta el momento concertados.

Las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos sirven como radiografía de lo complejo y frágil que una mesa de negociación es. La meta inicialmente propuesta para firmar un acuerdo total con el grupo guerrillero, como lo aseveró el presidente, no se resuelve con un año de negociación.

Lo que no se puede permitir es que varios políticos, aprovechando la temporada electoral, tomen a las víctimas de la guerra como estandarte de una campaña. El uso político de una población que acaba de sufrir un ataque guerrillero es inaceptable y continúa dejando a las víctimas en un papel secundario en el engranaje de un postconflicto que de verdad consolide la paz.

El escenario sigue siendo óptimo para que las delegaciones trabajen. Acciones como la ocurrida en Pradera hay que condenarlas de manera enérgica, así como hay que gritar a todo pulmón que la única solución a más de 50 años de violencia es el diálogo. La guerra le ha quitado a Colombia demasiados elementos valiosos para el desarrollo de un país que tiene todo para crecer.