Tras meses de numerosos inconvenientes, el megaproyecto afronta un nuevo clima desalentador luego de que el consorcio a cargo anunciara una suspensión de la obra por 21 días, si no recibe la suma de 1.600 millones de dólares por honorarios.

La ampliación del Canal de Panamá vislumbra un nuevo retraso, posiblemente el más importante desde que se iniciaron obras en el 2007. Al parecer, el consorcio encargado compuesto de diferentes nacionalidades anunció que suspenderá la obra por 21 días si no recibe 1.600millones de dólares por los costos.

El gobierno panameño señaló a la prensa internacional que el hecho supone una “presión inaceptable” y declaró que esta sobre la mesa de negociaciones asumir por cuenta propia el proyecto.

Así las cosas, Jorge Quijano, administrador de La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), precisó que la “intención de suspensión”, demostrada por el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), “no implica un abandono o la terminación del proyecto”. No obstante, si esto llegara a suceder «pondrá en acción los mecanismos del contrato que le permiten completar la obra sin más precisiones”.

El GUPC indicó que si se logra llegar a un acuerdo con los requerimientos estipulados, los resultados arrojarían “una alternativa con menor coste y menor tiempo posible de ejecución de la obras”.

Por su parte, la empresa española Sacyr, cabeza del consorcio encargado, afirmó este jueves que “mantiene abierta” la opción de un acuerdo con las autoridades panameñas «para alcanzar un acuerdo satisfactorio que ponga fin al actual desequilibrio contractual», indica un comunicado enviado a EFE.

El documento explica que por graves incumplimientos de la ACP, “se ha comunicado formalmente que se procederá a la suspensión de los trabajos si los incumplimientos denunciados no son remediados dentro del periodo de preaviso de 21 días”.

Adicionalmente, el consorcio anotó que “no se puede continuar una obra en la que se proyectan unos 1,6 billones en sobre costos, que son responsabilidad del empleador. A pesar de que GUPC ha remitido diferentes propuesta específicas, ACP ha rehusado discutirlas hasta la fecha».

La denuncia hecha pública por el grupo de constructoras no es la primera que ha provocado un malestar al que incluso el Frente Nacional por la defensa de los derechos económicos de Panamá (Frenadesco) calificó como la «estafa de la ampliación».

Resulta que en diciembre pasado, el GUPC presentó a la ACP otro reclamo por 850millones de dólares. Quijano esgrimió que en aquel entonces el consorcio buscaba la manera de hacer contratos millonarios por fuera del contrato y reiteró que el Gobierno es capaz de asumir las obras si el contratista abandona el proyecto.

“Sabíamos que se trataba de un acto de juega vivo, pues el consorcio buscaría vía adendas y otras reclamaciones por sobre costos recuperar lo que faltaba con creces», añadió Frenadeso.

Actualmente, la ampliación del Canal de Panamá está en un 72% y la construcción del nuevo juego de esclusas para la construcción de un tercer carril para el tránsito de buques de mayor capacidad registra un avance de un 65%.