La denuncia del Uribe Centro Democrático en contra del Presidente Juan Manuel Santos por un presunto carrusel de contratos de cara a la reelección ha puesto sobre el tapete la maniobrabilidad ejecutiva del gobierno en época de reelección y da inicio a otro round entre el uribismo y el Presidente Santos.

El periodista Ernesto Macías, candidato al senado por el Uribe Centro Democrático, radicó ante la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes un expediente de 667 folios en el que denuncia el presunto actuar ilegal del Presidente Juan Manuel Santos, en lo que bautizaron “El Carrusel de la Reelección”.

Según el Uribe Centro Democrático se trataría de 1975 puestos administrativos y 597 contratos de prestación de servicios , con los que , presuntamente, el Presidente estaría ganando apoyo para su reelección entre los congresistas favorecidos con ellos.

Según la denuncia no solo estarían siendo entregados contratos y puestos administrativos sino que se estarían entregados cupos indicativos, nombre alterno para los ya conocidos auxilios parlamentarios. De acuerdo con lo expresado por el expresidente Uribe estos cupos sumarían 2.5 billones de pesos.

Fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda al ser consultadas por Confidencial Colombia, señalaron que nada de lo expresado en la denuncia es cierto y que, por el contrario, el Gobierno se ha cuidado de llevar a delante procesos de contratación transparentes y sin ningún asomo de ilegalidad. Además, señalan las mismas fuentes, que la denuncia es una manera de limitar el margen de maniobra, en materia de contratación estatal, con que cuenta el Gobierno durante la campaña del Presidente Candidato Juan Manuel Santos.

La denuncia radicada por Macías trae a la memoria nacional otro hecho que escandalizó a la opinión pública en los años 2005 y 2006. Durante ese periodo el entonces, presidente-candidato Álvaro Uribe Vélez, se vio envuelto en un escándalo por cuenta del presunto reparto de algunas notarías entre varios congresistas que votaron positivamente la modificación del artículo de la Consitución que permitió la reelección inmediata de Uribe. Ese escándalo aún está vivo por cuenta de la llamada Yidispolítica en el que están vinculados el exministro de protección social de Uribe, Diego Palacio y su exministro del interior, Sabas Pretelt de la Vega.