Cinco representantes del colectivo colombiano «Madres de Soacha», integrado por 21 familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, fueron reconocidas hoy con el premio «Constructores de Paz 2012» que cada año otorga el Instituto Catalán Internacional de la Paz (ICIP).

En un acto emblemático celebrado en el Centro de Memoria de Bogotá, la lucha «persistente» de Luz Marina Bernal, Carmenza Gómez, María Sanabria, Mélida Bermúdez y Lucero Carmona se exaltó como «un símbolo» de las más de 4.700 denuncias por presuntos «falsos positivos» que se conocen hasta el momento por la Fiscalía.

Con ese término se dio a conocer en Colombia el caso de una veintena de jóvenes de la localidad de Soacha, vecina a Bogotá, que fueron asesinados por la fuerza pública y después presentados como guerrilleros muertos en combate a cambio de beneficios.

El representante en Colombia de la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo, Julián Artacho, destacó «el coraje y ejemplaridad que representa su lucha, persistente, sin aceptar silencios, propuestas de indemnizaciones ni coacciones. Al hacerlo han dado testimonio de graves delitos, han impedido la impunidad y han preservado la memoria», justificó.

«El premio destaca su esfuerzo y coraje, pero es también un reconocimiento al papel fundamental de las víctimas en la construcción de la paz», añadió Artacho en relación a los diálogos de paz que desde noviembre de 2012 se desarrollan en La Habana entre el Gobierno y las Farc.

Al igual que las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina escogieron el pañuelo blanco en la cabeza para identificarse, estas madres, hermanas y esposas han hecho de su bata blanca con flores su insignia de la lucha diaria por conseguir que el Estado colombiano reconozca y condene a los culpables de esta práctica.

«Aquí en Colombia somos mujeres peligrosas. Para mí es un orgullo que nos hayan nombrado constructoras de paz para hacer ver a nuestro Gobierno que los otros países sí nos apoyan», afirmó Carmenza Gómez quien perdió a un segundo hijo por investigar el crimen de su hermano desaparecido.

María Sanabria todavía recuerda las palabras del hombre en motocicleta que la abordó cuando paseaba con su nieta: «usted se calla, no denuncie».

Sanabria, que a través de sus letras y canciones lleva el recuerdo de su hijo de dieciséis años por todos el país, denunció asimismo la aprobación en diciembre de 2012 de la reforma del Fuero Militar por considerarla «la ley más impune» que deja en manos de la justicia castrense muchos de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas.

«Ustedes mamás, han tenido el valor de no dejarse amedrentar y sacar la imagen de sus hijos para devolverles la dignidad y el honor. Son la gran semilla para que un día este país consiga ser verdaderamente democrático», sentenció en su intervención la alta consejera de los derechos de las víctimas de la Alcaldía de Bogotá, Ana Teresa Bernal.

Al finalizar el acto, intervino un hombre que se identificó como el suboficial de inteligencia militar del Ejército John Lewis Rivas, quien aseguró estar amenazado por denunciar que fue testigo de «falsos positivos» entre 2007 y 2008 en el Batallón Santander mediante «la firma de actas de pago de recompensas por esos muchachos».

Esta práctica, calificada como «sistemática» por la ONU, salió a la luz pública en 2008, bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y cuando el actual presidente, Juan Manuel Santos, lideraba el Ministerio de Defensa.

Dos de estas Madres de «Soacha» viajarán mañana a Barcelona, donde el lunes se celebrará una sesión solemne en el Parlamento de Cataluña que las homenajeará con un reconocimiento público y una dotación económica de 6.000 euros (7.929 dólares).