La batalla legal emprendida por la petrolera española Repsol para defender sus intereses en YPF, nacionalizada por el Gobierno argentino en 2012, se ha intensificado con la admisión a trámite de una demanda contra la petrolera argentina Bridas.

Mientras, los directivos de la española insisten en que están abiertos a negociar una «compensación justa».

El vicesecretario general de Coordinación de Actuaciones YPF de Repsol, Miguel Klingenberg, aseguró esta semana que en estos momentos la vía judicial es la única «alternativa» de la petrolera para defender a sus accionistas, ante la falta de diálogo con Argentina.

El último episodio en este conflicto fue la admisión a trámite hace pocos días en un Juzgado de Madrid de una demanda contra la petrolera argentina Bridas por competencia desleal.

Esta demanda se basa en las negociaciones que Bridas inició con YPF para explotar el yacimiento de Vaca Muerta, descubierto antes de la nacionalización, lo que supondría un aprovechamiento indebido de una ventaja competitiva derivada de una expropiación ilegítima, según Repsol.

Este proceso es similar al emprendido por el grupo español contra la estadounidense Chevron, que también abrió negociaciones con YPF para explotar Vaca Muerta.

Estos son solo dos de los nueve procesos judiciales abiertos por Repsol después de que en abril de 2012 el Gobierno argentino nacionalizase el 51 % de las acciones de YPF, todas ellas de la empresa española.

Desde entonces, la petrolera española ha pedido iniciar negociaciones para fijar una «compensación justa», que en ningún momento se han producido.

El proceso más destacado es la demanda de arbitraje presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), al considerar que la nacionalización de YPF viola el tratado para la protección de inversiones suscrito entre España y Argentina.

Repsol considera que en el proceso faltó un trato justo y equitativo, que no protegió las inversiones y que la medida fue arbitraria y discriminatoria -la nacionalización solo afectó a una petrolera (YPF) y solo a las acciones de la empresa española, argumentó Klingenberg-.

El tribunal arbitral está en proceso de constitución después de que Repsol propusiera a su representante, el profesor Francisco Orrego, y a la espera de que Argentina nombre el suyo.

Además, Repsol ha presentado una demanda de inconstitucionalidad en Argentina, pendiente de respuesta, al entender que la nacionalización fue una «ocupación extemporánea».

A esto se suma a una tercera demanda en España, en este caso por competencia desleal contra YPF por ofrecer a terceros los derechos de explotación de activos estratégicos descubiertos cuando todavía estaba bajo el control de Repsol.

Mientras tanto, en Estados Unidos, Repsol presentó una «class action» (acción legal colectiva) contra Argentina por incumplir la obligación de presentar una OPA para hacerse con más del 15 % de YPF y una demanda por no comunicar que se había hecho con más del 5 % del capital de la petrolera.

En este país también tiene pendiente de admisión a trámite una demanda contra Chevron -similar a la de España- y otra contra el Bank of New York Mellon por no ejecutar los derechos de voto depositados por Repsol a su nombre en la Junta de Accionistas de YPF.