El Gobierno alemán aprobó hoy una estricta regulación de las entidades financieras que contempla condenas de hasta cinco años de cárcel para quienes aprueben inversiones de riesgo que acaben en fiasco.

El proyecto de ley, que deberá ser ahora ratificado por el Bundestag (cámara baja), establece que los altos ejecutivos bancarios y de compañías aseguradoras podrán ser demandados por la vía penal si llevan a sus empresas a una situación crítica por incumplir sus obligaciones en la gestión de productos de alto riesgo.

«El quebrantamiento de las obligaciones de los responsables de gestión de riesgo será perseguido por la vía penal cuando esto ponga en peligro la propia pervivencia de la entidad o el cumplimiento de sus compromisos», señala el nuevo documento legal.

El proyecto de ley del ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, pretende regular las actividades de bancos y aseguradoras, contemplando sanciones económicas y penas de cárcel, con el objetivo de evitar nuevas crisis financieras como la desencadenada a escala global en 2008.
El proyecto de ley establece también la obligación de separar la banca de inversión de la comercial en las grandes entidades financieras, para impedir que los clientes particulares puedan sufrir pérdidas por las operaciones de riesgo de la entidad.

Si los activos de riesgo de un instituto financiero superan el 20 % del total o los 100.000 millones de euros, el banco o aseguradora deberá establecer una empresa independiente para su gestión, creando un cortafuegos para defender el negocio comercial, apunta el proyecto de ley.
La iniciativa gubernamental establece además que los institutos bancarios de relevancia sistémica deberán redactar el denominado «testamento bancario», un plan de saneamiento y liquidación para prevenir una posible crisis con riesgo de quiebra.

Schäuble aseguró en una declaración pública que este proyecto de ley es «otro importante paquete normativo» en el camino para prevenir nuevas crisis en el sistema financiero.

«Ningún mercado financiero, ningún actor financiero y ningún producto financiero podrá permanecer sin supervisión», sentenció el veterano político cristianodemócrata.

Por su parte, la asociación de la banca alemana recibió con escepticismo la iniciativa gubernamental, al considerar que la «sobrerregulación a nivel nacional» no solventará los problemas del sector y lastrará su competitividad a escala global.

«El proyecto de ley debilita en muchos aspectos a las plazas financieras alemanas», aseguró Andreas Schmitz, presidente de la Asociación Federal de los Bancos Alemanes.

Esta regulación era necesaria y su tramitación tiene un interés electoral, señaló Schmitz en relación a los comicios generales que tendrán lugar en Alemania el próximo otoño.

Los socialdemócratas y los verdes, por su parte, consideraron que las medidas del Gobierno son insuficientes y que sólo son «placebo electoral».

El Ejecutivo de centro-derecha de la canciller Angela Merkel, uno de los principales impulsores en el G20 de un marco regulatorio más estricto para las entidades financieras, recoge así en su legislación las propuestas del consejo de expertos convocado por la Comisión Europa (CE) para regular la banca.

Berlín ha abogado desde el estallido de la crisis financiera por separar los bancos de inversión de la banca comercial, y por regular la actividad del «sistema bancario en la sombra» (shadow banking), las empresas que funcionan como instituciones financieras pero no lo son legalmente, como los «hedge funds», los fondos de divisas y los productos de inversión estructurados.