Esteban Restrepo
Imaginemos a María, una madre en una remota región de La Guajira, enfrentando un viaje de horas para acceder a un centro de salud básico para su hijo enfermo. Esta realidad, vivida por miles, subraya la urgencia de la reforma del sistema de salud propuesta por el presidente Petro. La lucha de María no es un caso aislado: según la Defensoría del Pueblo, alrededor del 10% de los colombianos, especialmente en zonas rurales, están en una situación similar, con acceso limitado a servicios de salud esenciales. Y muchas otras obtienen acceso solo mediante tutela.
El sistema actual, controlado por las EPS, ha demostrado ser ineficiente en la gestión de los recursos asignados al sector de la salud, que ascienden a más de 90 billones de pesos. Investigaciones de la Universidad Javeriana indican que menos del 70% de estos fondos se destinan realmente a la atención directa de los pacientes, creando una brecha en la calidad del servicio entre áreas urbanas y rurales.
La reforma se enfoca en reasignar estos recursos hacia un modelo más justo y eficiente. La Organización Mundial de la Salud resalta que la prevención puede reducir significativamente la carga de enfermedades crónicas, las cuales representan casi el 50% de la carga de enfermedad en Colombia. Además, fortaleciendo la atención primaria, se podría incrementar la eficiencia del sistema en más del 30%, según la Federación Médica Colombiana.
Esta reforma representa un cambio hacia un sistema de salud centrado en el bienestar del paciente, en contraposición a la actual orientación hacia las ganancias económicas. Las EPS, con su tendencia a maximizar sus beneficios, han demostrado una falta de compromiso con la inversión en infraestructura y servicios en las regiones más necesitadas.
En resumen, la propuesta de reforma del sistema de salud en Colombia es esencial para garantizar que historias como la de María se conviertan en cosa del pasado. Este cambio no solo mejorará la administración de recursos, sino que también es un paso hacia un sistema de salud que priorice la dignidad y el bienestar de todos los colombianos, asegurando que el derecho a la salud sea una realidad accesible para cada ciudadano, independientemente de su ubicación geográfica o situación económica.
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