Representantes de diversas comunidades campesinas y defensores de los derechos humanos en Colombia pidieron a la Unión Europea que no mire para otro lado y rechace las violaciones de libertades fundamentales y la impunidad en ese país ante la próxima aplicación del TLC

«La UE no puede desconocer ese panorama de impunidad y violaciones que se siguen cometiendo en contra de las comunidades rurales del país», señaló el abogado de víctimas desplazadas de sus tierras David Uribe, en una rueda de prensa en Bruselas convocada por la ONG Coordinadora Belga por Colombia.

El pleno del Parlamento Europeo votará en diciembre sobre si acepta que entre en vigor el TLC negociado entre la UE y Colombia y Perú, después de que la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara ya se haya pronunciado a favor del mismo.

En cambio, uno de los líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó -colectivo que fue finalista en 2011 del premio Sájarov que concede el Parlamento Europeo a defensores de los derechos humanos-, Gildardo Tuberquia, se posicionó totalmente en contra de ese tratado al considerar que los productos que cultivan «nunca han tenido un comercio justo, y ahora va a ser peor».

«Buscamos ser alternativos, proteger las tierras, son tierras productivas, no ponemos productos químicos», indicó.

En esa línea se pronunció también el representante de la asociación Asocol Freddy Rodríguez, que defiende a 96 familias desplazadas por la violencia en el caso conocido como «Hacienda Bellacruz».

«Tampoco estamos de acuerdo (con el TLC). Los campesinos no tenemos ningún apoyo del estado. Nos queda difícil competir con los productos de la UE», dijo, y recordó que, en su país, «el 70 % (de la población) es puro campesino».

Los tres activistas se encuentran en Bruselas para mantener diversas reuniones con eurodiputados y altos funcionarios comunitarios, en las que quieren resaltar que cualquier proceso de pacificación de Colombia debe pasar por una «pronta y total restitución de las tierras» despojadas a campesinos, víctimas del conflicto interno.

«Si el Gobierno colombiano quiere realmente hablar de paz, tiene que incluir a la sociedad en su conjunto en el debate. Tienen que estar los movimientos de campesinos y víctimas», señaló el jurista Uribe, y agregó que el proceso de paz «también debe responder a las causas que provocaron el despojo masivo» de tierras en Colombia.

«Sólo una parte de las familias que estaba en el cruce de fuego tuvo que dejar su tierra. Pero es que además fueron despojadas por intereses, y eso es lo que no se quiere reconocer», apuntó.

En ese sentido, señaló que la Ley de víctimas y restitución de tierras que puso en marcha el Gobierno de Juan Manuel Santos el año pasado «aún no ha restituido ni un solo metro de tierra».

Precisamente, el problema de la tierra en Colombia, país en el que el 1,15 % de la población posee el 52 % de la gran propiedad rural, será la primera prueba de fuego para el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la mesa de negociaciones que iniciarán el día 15 en La Habana.

Tuberquia, que recordó que en San Juan de Apartadó ya han registrado 260 asesinatos a manos no sólo de guerrilleros sino también de paramilitares, pidió a la UE «que haga un seguimiento muy de cerca a estas amenazas».

«Reina la impunidad, no hay voluntad del gobierno de hacer justicia», concluyó.