Decenas de personas con sus cuerpos pintados se manifestaron este martes frente al edificio del Congreso chileno, con el fin de llamar la atención de los legisladores sobre la sustentabilidad de la nueva Ley de Pesca de ese país.

La iniciativa forma parte de una campaña que viene desarrollando Greenpeace con el fin de incorporar elementos que, a juicio de la organización, son fundamentales para que la ley, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2013, permita definitivamente detener la sobreexplotación marina.

Según la organización ecologista, los debates en la agenda pública se han centrado en aspectos muy importantes pero no en la sustentabilidad.

«Greenpeace, sin embargo, es una institución independiente de intereses particulares y que busca a toda costa la defensa del medio ambiente y de los ecosistemas marinos», precisó un comunicado entregado por la entidad en la ciudad de Valparaíso, sede del poder legislativo.

La nueva Ley de Pesca, en la que destacan temas como la preservación del ecosistema, el uso obligatorio del sistema de posicionamiento global (GPS, por su sigla en inglés), pago de patentes, pesca de arrastre y cuotas de pesca, debe entrar en vigencia el 1 de enero, de lo contrario el sector quedará sin una norma que regule las capturas.

En los meses en que la ley se ha estado tramitando, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la iniciativa ha recibido más de 200 indicaciones tanto de parte del Ejecutivo como de los legisladores.

A mitad de año, el sector pesquero estuvo en pie de guerra por la nueva ley, especialmente los pescadores artesanales quienes reclaman de los barcos mercantes altos índices de sobreexplotación.

Cientos de pescadores se manifestaron en el litoral del país, con más de 5.000 kilómetros de costas, contra una normativa apadrinada por el ministro de Economía, Pablo Longueira, que consideran perjudicial.

El Ejecutivo, que cuenta con el apoyo de los industriales, defiende que esta ley es necesaria para dar sostenibilidad al sector ante la sobreexplotación de los recursos, pero los pescadores responsabilizan de ese colapso a las empresas y temen que los cambios consoliden la «privatización» del mar.

Según cifras oficiales, la pesca extractiva da empleo a unas 128.000 personas, de las que 86.132 son pescadores artesanales, de quienes a su vez dependen 5.000 empleos indirectos.

En tanto, el sector industrial ocupa a unos 5.000 trabajadores en las flotas y a 32.000 en las plantas procesadoras.

La nueva normativa reemplazará a la llamada Ley Corta de Pesca, aprobada en 2002 durante el mandato del socialista Ricardo Lagos y que buscó dar seguridad jurídica a las inversiones de la industria y adoptar el sistema internacional de cuotas individuales y, para ello, analizó el registro de capturas de los 5 años anteriores.