Amylkar D. Acosta M

El año 2023 se inició con el desconcierto y el desencanto de los usuarios del servicio de energía, particularmente los de la región Caribe, después del fiasco que significó el publicitado Pacto por la Justicia tarifaria anunciado y propiciado por la entonces ministra de Minas y Energía Irene Vélez en octubre del año pasado entre el Gobierno y las empresas prestadoras del servicio, como respuesta al reclamo y a las protestas por las desmesuradas alzas tarifarias. Después de incrementos del 24% en promedio nacional y más del 40% en la región Caribe, la baja prometida en las tarifas con el tal Pacto no superó el 4%, fue un verdadero parto de los montes. Y al final, al cierre del año anterior el alza desmesurada de las tarifas registró un 22.4%, promedio nacional y por encima del 30% en la región Caribe. Muy por encima, por lo demás de la inflación global del 13.1%, la mayor en 23 años!

Y el alza en las tarifas no fue mayor por la aplicación de la opción tarifaria, que no las congela sino que difiere los incrementos, convirtiéndose en una bola de nieve que crece todos los días hasta superar los $5 billones la deuda de los usuarios con las empresas, abocando a estas a un problema de flujo de caja que sigue amenazando su sostenibilidad financiera. La situación se tornó aún más grave a consecuencia de la deuda insoluta del Estado con las electrificadoras por concepto de subsidios reconocidos y aplicados a los estratos 1, 2 y 3 por una cuantía de $2.3 billones más.

Ello llevó a XM, que es la empresa que opera el Sistema interconectado nacional (SIN) y administra el mercado mayorista en octubre de este año a alertar sobre el riesgo de un

efecto dominó que podía derivar en una falla sistémica que podría comprometer la prestación del servicio. De hecho Air-e llegó a notificar a las generadoras de su imposibilidad de pagar la energía contratada, declarándose insolvente, lo cual podía llevar a una limitación de suministro, lo cual conllevaba su intervención por parte de la Superintendencia de servicios públicos, por ser ello una causal de la misma. Le tocó al nuevo Ministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho salir en volandas a expedir la Resolución 40611 del 11 de octubre para evitarlo, al tiempo que se autorizó una línea de crédito de $1 billón en FINDETER para solventar a dichas empresas. Cifra esta que resulta insuficiente para desactivar esta bomba de tiempo.

Las tarifas siguen al alza, empujadas en gran medida por la espiral alcista de los precios en Bolsa, que llegó a superar el 21 de octubre el precio marginal de escasez ($1.530.56/KWH) estimulada sobre todo por el máximo grado de stress en que está el sistema, debido al reducido margen de maniobra del SIN, toda vez que mientras la demanda oscila alrededor de 222 GWHD, la oferta a duras penas llega a los 240GWHD, es decir que estamos a ras con bola. Y ello obedece fundamentalmente al rezago en la ejecución y entrada en operación de importantes proyectos de generación, empezando por HIDROITUANGO, que ha debido entrar en 2018 y a la fecha solo están operando 4 de las 8 unidades del mismo. Para no hablar de los 16 parques eólicos de La Guajira, que ya deberían estar operando y hasta ahora ninguno de ellos, con capacidad de 2.525 MW, ha entrado en operación.

Y como es apenas obvio el aumento de los precios en Bolsa termina por impactar la tarifa al usuario final, en mayor o menor medida, según el grado de exposición que tenga la empresa prestadora del servicio en Bolsa y de contera, a la postre, el mayor precio en Bolsa terminará por afectar los precios transados en los contratos bilaterales de largo plazo cuando estos llegan a su fin y tendrán que renovarse. Como se puede observar la escalada alcista de las tarifas no se detiene, alcanzando un incremento en el caso de los usuarios de Air-e, a guisa de ejemplo, del 31% entre enero y octubre frente a una inflación global de 10.48% para la misma fecha.

Y hablando de atrasos de proyectos, también hay notorios retrasos en la ejecución de proyectos de transmisión, al punto que, según lo informado por XM, debido al congestionamiento de las redes y a la sobrecarga de las mismas, no están en capacidad de transportar la energía suficiente para satisfacer el mercado del Caribe y por ello reportó que desde hace varios meses se ha venido registrando “demanda no atendida”, que es como llama XM, eufemísticamente, el racionamiento en la prestación del servicio de energía al cual vienen estando sometidos los 2.6 millones de usuarios de la región.

Y para rematar, del amago que sigue sin disiparse de un apagón financiero de las empresas pasamos a un apagón regulatorio por cuenta de la inoperancia de la CREG. Ésta pasó de su desmantelamiento a consecuencia de la declaratoria de la nulidad decretada por el Consejo de Estado de los nombramientos de los expertos comisionados por parte del anterior gobierno por no reunir la calidad de tales, a su interinidad al no nombrar sus reemplazos en propiedad sino en calidad de encargados y cuando se les terminó el encargo quedó sin el qüorum necesario para tomar decisiones y al final, con el retiro de su Director José Fernando Prada por tiempo cumplido de su periodo en la CREG ésta quedó al garete.

Finalmente, ante el requerimiento de la Procuraduría y la presión de las empresas del sector, se vieron compelidos y precisados a nombrar 4 de los 6 expertos comisionados, pero solo uno de ellos en propiedad, actuándose por parte del Gobierno nacional con negligencia y contumacia en desmedro de la institucionalidad. Y mientras tanto se han venido represando decisiones que solo la CREG puede tomar, porque son de su competencia, para frenar el alza excesiva en las tarifas de energía que paga el usuario final, que es el paganine de este despiporre!

Amylkar D. Acosta Medina

Bogotá, diciembre 1 de 2023

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