Líderes del sindicato argentino Confederación General del Trabajo (CGT) han denunciado que «el protocolo determinado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, es una estrategia para criminalizar la protesta social» en Argentina.

«La medida vulnera libertades individuales y colectivas y no favorece el clima social, que requiere estar exento de violencia, presiones y amenazas, un elemento esencial para la libertad sindical», han explicado Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, colíderes de la CGT y así lo ha recogido la agencia Télam.

Daer, Acuña y Moyano han lamentado que «el protocolo difundido por Bullrich es parte de una estrategia para criminalizar la protesta social que (…) implica vulnerar el efectivo ejercicio del derecho constitucional de libertad de expresión y sindical».

Asimismo, desde la organización sindical han criticado que las medidas propuestas «procuran subordinar la acción de la Justicia a las fuerzas policiales y de seguridad» y han subrayado que «la Constitución Nacional es la única garante del Estado de Derecho».

A este respecto, la CGT ha agregado que «el respeto a la ley involucra a todos, es decir, a los ciudadanos y a las autoridades, que tienen que comprometerse de manera plena con la defensa de los derechos sociales consagrados en la Constitución Nacional».

«La vigencia del Estado de Derecho es el contexto democrático para hallar soluciones reclamadas en un momento crítico del país, para lo cual es necesario más que nunca el diálogo», han zanjado.

Estas declaraciones llegan después de que el Gobierno argentino anunciara este jueves que impondría «sanciones severas» contra los manifestantes que corten el tráfico en el marco de las movilizaciones previstas para la próxima semana contra el primer paquete de medidas económicas anunciado por el nuevo Ejecutivo del ultraliberal Javier Milei.

En concreto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, detalló en una rueda de prensa que estas medidas buscaban «terminar» con un comportamiento «que lo único que hace es generar un desorden total y absoluto», así como una «falta de cumplimiento de la ley», según recogió el diario ‘Clarín’.