Se sabe de la animadversión, resistencia o como quiera llamarse de Gustavo Petro y los dirigentes petristas a la economía empresarial. Y no se trata de contradicciones con algún empresario por alguna razón particular, sino en contra del conjunto de ese sector de la sociedad. Es decir, contra la acumulación de recursos económicos, humanos, organizativos y científico-técnicos que multiplican por muchas veces la productividad del trabajo de las personas, que es lo que es una empresa, sea privada o pública.

Se entiende entonces lo dañino del desenfoque de Petro para el progreso de Colombia, porque sin esa forma de concentración y organización del trabajo no habrían podido utilizarse la máquina de vapor y los demás motores ni los combustibles fósiles, bases de la Revolución Industrial, el mayor salto en la capacidad de crear de riqueza de la historia. Y con ese cambio vino también un gran avance del progreso social y político, incluido el de los trabajadores, aun cuando ese nuevo mundo, llamado capitalismo o economía de mercado, no resuelva todos los problemas de la humanidad.

Que Petro y los petristas no acepten estas realidades no solo los pone en contra de los empresarios sino también de los trabajadores, como los dirigentes sindicales deben entender y explicar. Porque a los sectores populares, en vez de vivir en la escasez del rebusque, les conviene trabajar en empresas capaces de ofrecerles los mínimos de ley, y todavía más, en salarios, estabilidad laboral, derechos democráticos, prestaciones sociales, salud y pensiones.

Pensando en mis contradictores, agrego: defender la economía empresarial no significa no valorar otras formas de crear trabajo y riqueza. Por ejemplo, hay que seguir promoviendo un modelo agrario de tipo dual: con empresarios y obreros agrícolas, por un lado, y con campesinos e indígenas prósperos, por el otro, con todos ellos respaldados y protegidos por el Estado.

Pero el problema no es solo que a Petro y a sus compañeros no le gusten las empresas, sino que tampoco les han gustado a los anteriores presidentes y gobiernos, como lo prueban los millones de colombianos yéndose a otros países a buscar trabajo por los altos índices del desempleo nacional, la informalidad y la pobreza, problemas todos anteriores a 2022 y que son consecuencias del subdesarrollo de la economía empresarial y del país. Porque nadie, sin engañar, puede decir que antes de Petro funcionaba bien la economía nacional, pues había numerosas y fuertes empresas, producto de que los partidos políticos tradicionales respaldaron esos avances, conocidos desde hace siglos y de comprobada eficacia en los países que los han aplicado.

En Colombia no ha habido Presidente, ministro, jefe político de partido tradicional ni formador de opinión en medios que no haya tenido su discurso a favor de los empresarios y las empresas. Pero también han sido omnipresentes las políticas oficiales contrarias a ese respaldo, hasta quebrarlas y entrabarles su desarrollo. ¿O nos van a decir que la culpa del subdesarrollo nacional la tienen los empresarios colombianos porque han sido incapaces de utilizar a su favor los serios apoyos gubernamentales? Somos muchos los que jamás afirmaremos eso. Porque no ha habido esos soportes y porque a Petro lo eligieron las fracasadas políticas económicas y sociales de los gobiernos anteriores.

Políticas en especial empeoradas desde 1990, cuando los neoliberales decidieron gobernar todavía más a favor de un mundo en economía de mercado con países ganadores y países perdedores –con mayores y menores desarrollos empresariales–, con los primeros con productos por habitante ocho, diez y más veces que los escasos 6.500 dólares de Colombia, debilidad que está en la base de todas las carencias nacionales.

Jorge Enrique Robledo