En un operativo conjunto entre la SIJIN y la Dirección de Extinción del Derecho al Dominio, se afectó a las finanzas de personas dedicadas a la fabricación, almacenamiento y comercialización de medicamentos de uso institucional, adulterados y falsificados.

La operación afectó bienes inmuebles en ocho localidades de Bogotá: Kennedy, Bosa, Engativá, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, San Cristóbal y Puente Aranda. Se aplicaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, afectando las finanzas de estas organizaciones criminales que tenían una renta aproximada de nueve millones de pesos mensuales.

“Enfrentar la inseguridad también consiste en atacar estas actividades ilícitas como la falsificación de medicamentos. Este es un delito que atenta contra nuestros hogares. Los materiales con los que falsificaban los medicamentos incluyen hasta cemento blanco y harina entre otras sustancias que, claramente, van a generar mayor afectación en la población” indicó, César Restrepo, Secretario de Seguridad.

Se incautaron productos farmacéuticos y medicamentos sin registro INVIMA, ampollas inyectables, jarabes, tabletas, cremas, blíster, granulados vencidos, muestras médicas y fármacos de uso institucional, así como empaques de alimentos y bebidas naturales, envases sin número de funda, etiquetas y cajas de productos.

En uno de los inmuebles fueron hallados punzones y matrices metálicas, los cuales eran usados para dar forma a los diferentes tipos de tabletas e imprimir sus características; máquinas artesanales para la elaboración y secado de los medicamentos, elementos de empaque, sellado y molinos para pulverizar, un horno artesanal para el secado de la materia prima, plásticocortado para la elaboración del blíster y diferentes tipos de presentación de los fármacos.

Estos bienes ocupados estarían avaluados en diez mil millones de pesos ($ 10’000.000.000) y los arrendatarios de estos bienes y que están detrás de la comisión de este delito están siendo investigados penalmente por el delito de corrupción de alimentos que tiene una pena entre 8 y 16 años de cárcel.