Con motivo del rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel anunciado por el presidente Petro, el ministro de relaciones exteriores de ese país ha acusado al gobierno de Colombia de antisemitismo. De manera más amplia, así ha calificado el primer ministro Netanyahu a quienes de manera creciente vienen objetando la ofensiva contra la población civil palestina en la respuesta del ejército israelí al ataque de del 7 de octubre realizado por Hamas. Tan brutal ha sido el comportamiento del gobierno israelí que la Corte Internacional de Justicia, en medida cautelar, ha encontrado plausibles las acusaciones de genocidio planteadas en la demanda de Sudáfrica, que Colombia acompaña.

Solamente la extrema derecha pro-Nazi niega el holocausto judío llevado a cabo por Hitler durante la segunda guerra mundial. El resto del mundo lo condena. Tal vez el indicio civilizatorio más importante de la humanidad se encuentra en la respuesta dada por los instrumentos internacionales acordados por el grueso de los países en la posguerra que buscan proteger a las personas y a los pueblos de toda clase de discriminación y del genocidio.  Paradójicamente, ese holocausto judío ha blindado a Israel de un examen serio sobre sus propias acciones cuando todo indica que está incurriendo en las condenables prácticas de las cuales fue víctima la población judía por el antisemitismo.

Las cifras que llegan a 35 mil muertos, la mayoría mujeres y niños; las imágenes de los bombardeos y la devastación del sesenta por ciento de las edificaciones, las limitaciones a los suministros de alimentos, medicamentos y agua a los gazatíes, provocando una hambruna y miles de muertes evitables, dejan al descubierto el proceso de destrucción física, moral y humana de una población inerme que depende para su supervivencia de la comunidad internacional; una comunidad que no ha sido capaz de cumplirle la promesa de un Estado desde la partición de ese territorio en 1948, el mismo año de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención contra el Genocidio.

Seguramente por ello la Declaración Universal hace clara alusión a que “no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.” No obstante, a los palestinos en los territorios ocupados por Israel se le discrimina al punto de aplicarles un verdadero apartheid, hecho que explica por qué Sudáfrica es el país demandante ante CIJ por violación de Israel a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Que sea precisamente Israel el país cuestionado como victimario e infractor de los instrumentos internacionales acordados para evitar la no repetición de la victimización de los judíos debe hacer patente que todos los países, pueblos y personas están igualmente protegidas, sin excepción alguna. A Netanyahu le debe quedar claro que el pueblo palestino tiene igual derecho a existir que el pueblo israelí y que ese derecho está siendo conculcado con la destrucción de Gaza y la inaceptable discriminación de los palestinos en los territorios palestinos ocupados por Israel y en el propio Israel.

Saludo la acción erguida y dignificante del Presidente Gustavo Petro de romper relaciones diplomáticas con Israel, sanción moral que ojalá otros siguieran para presionar a Israel a un cese al fuego definitivo, con la liberación de los secuestrados y prisioneros. También se debe contemplar un camino creíble hacia la constitución del Estado de Palestina que contemplan las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde ese esperanzador, pero fatídico 1948, cuando al lado de Israel se ha debido reconocer el Estado de Palestina. Netanyahu no se puede seguir escudando en  acusaciones de antisemitismo que están totalmente fuera de lugar.

Clara López Obregón