Juan Carlos Upegui
La reforma pensional se ha convertido en la primera reforma social aprobada por el Congreso durante este gobierno nacional. Aunque contiene algunos elementos que aún generan debate, especialmente la capacidad de Colpensiones para comenzar su implementación en 2025, es innegable que aborda uno de los grandes problemas del modelo anterior: la desigualdad en el acceso y los exorbitantes subsidios a las megapensiones. También es relevante el bono pensional que se otorgará a los adultos mayores que no lograron alcanzar una pensión, como medida de equidad social necesaria ante el abandono histórico de esta población.
Quedan pocos días para el cierre del periodo legislativo y, aunque la aprobación de esta reforma representa un avance significativo en la agenda de cambio planteada para este cuatrienio, otras iniciativas enfrentan dificultades para avanzar. Tal es el caso de la reforma a la educación, rechazada tajantemente con sus enmiendas por las organizaciones sindicales que representan a los maestros; su futuro es incierto debido a la falta de consensos. Algo similar ocurrió con la reforma a la salud, que terminó archivada en medio de una crisis cada vez más profunda por el colapso sistemático de las EPS; la incertidumbre y el miedo han ido creciendo día a día entre los usuarios.
El balance de esta legislatura influirá en gran medida en la narrativa que se ha instalado en algunos sectores sobre la necesidad de llevar a cabo un proceso constituyente que permita realizar los cambios estructurales consignados en el programa de gobierno que ganó las elecciones, pero que, con excepción de la reforma pensional, aún están pendientes de ser aprobados por el Congreso.
Lograr avances reformistas que beneficien al conjunto de la ciudadanía y permitan al país resolver las deudas históricas con las poblaciones históricamente condenadas a la exclusión y la violencia, consolidará la democracia y la legitimidad institucional.
Colombia se encuentra en un momento crucial de su historia, y ya es un gran avance que la discusión pública gire en torno a los principales problemas sociales. Décadas de conflicto armado impidieron que se pudiera hablar de una agenda de derechos sociales y económicos, pero de materializarse en todos los segmentos poblacionales, podría desatar el potencial necesario para el desarrollo de la nación.
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