En días recientes, Colombia ha presenciado un intenso debate iniciado por el Presidente Gustavo Petro, quien ha propuesto la participación activa del poder constituyente para enfrentar temas cruciales como la implementación del acuerdo de paz, el nuevo ordenamiento territorial, el cambio climático, y la educación y salud como derechos fundamentales. Esta propuesta ha encontrado fuerte oposición de diversos sectores poderosos y medios de comunicación, que argumentan que el país no necesita una constituyente y que es populista invitar a la sociedad a participar activamente en la toma de decisiones públicas. Se promueve la idea de que nuestra democracia funciona bien y que el gobierno solo debe ejecutar, mientras que el pueblo se limita a votar.

Sin embargo, la realidad, respaldada por cifras de la OCDE, muestra que Colombia tiene una de las distribuciones de ingresos más desiguales del mundo, lo que perpetúa la pobreza y la vulnerabilidad que afecta al 60% de la población. Colombia ocupa el primer lugar en desigualdad social, superando a países como Brasil, Zambia y Panamá. Además, las comunidades indígenas y afrodescendientes, junto con muchas zonas sin acceso a servicios públicos básicos como agua potable y energía eléctrica, revelan las grandes brechas que contradicen la idea de que nuestro sistema democrático funciona bien para todos.

Como mencionó el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, “vivimos tiempos difíciles para la democracia liberal. Este sistema, que alguna vez se consideró un conjunto de normas y valores aceptados en épocas de crecimiento económico y bienestar, ahora muestra sus límites. Cuando la economía deja de crecer y los recursos son escasos, las fallas del liberalismo se vuelven evidentes.”

En Colombia, la democracia liberal ha sido incapaz de comprender y resolver lo fundamental. Hoy, muchos de sus defensores descalifican cualquier forma de protesta popular, catalogándola como desorden social o conspiración y rechazan la presencia en el espacio público de subjetividades y ciudadanías distintas a las tradicionales que han venido validando y reafirmando sus derechos. Basta con recordar el estallido social de 2021 y las reacciones de los sectores políticos de la oligarquía hablando de tomas guerrilleras para desvalorizar el inconformismo y la expresión de millones a los que el sistema no representa o no logra incluir. Para algunos estos llamado o formas de encuentro del pueblo son excesos de participación que deben limitarse al voto popular. Haciendo más hondo el inconformismo y la fractura entre el Estado y el ciudadano.

La realidad hoy es que el régimen democrático colombiano oculta una desigualdad material abismal. Aunque en teoría la Constitución Política de 1991 nos brinda un marco de derechos y de igualdad de oportunidades, en la práctica, las condiciones materiales de participación política están brutalmente jerarquizadas por etnia y clase. Una mujer trans, un campesino, un indígena, un afrodescendiente o un joven de los barrios populares no compite en igualdad de condiciones con un empresario educado en las mejores universidades extranjeras.

El concepto de «igualdad de oportunidades» que se promueve en nuestra democracia oculta la gran diferencia entre aquellos que pueden comprar múltiples oportunidades con su dinero y aquellos que solo tienen una única oportunidad basada en su situación de vida. Esta desigualdad estructural convierte la «voluntad general» en una simple suma de concesiones políticas, y nuestra democracia queda en manos de sectores privilegiados que no están dispuestos a ceder sus beneficios.

El aumento de la concentración del poder en manos de unos pocos excluye la participación directa de la ciudadanía. La democracia liberal se transforma en un sistema donde las élites dominan, la representación toma precedencia sobre la participación activa de la gente, y la tecnocracia desplaza el debate público.

El pueblo que eligió el gobierno de Gustavo Petro lo hizo con la ilusión de construir avances en términos de igualdad material y social y no podemos defraudar esas ilusiones. Respetar y reavivar ese mandato popular debe ser una tarea esencial de todas y todos, para evitar que ideas libertarias que avalan más pobreza y menos derechos sea la Colombia que se construya.

Abandonar la agenda democrática de la equidad generará peligros que pueden desestabilizar a nuestra sociedad. En medio de las reformas y cambios políticos propuestos por el gobierno actual, es crucial no olvidar la estrategia de mentiras y de agravios personales que está utilizando la derecha y unos sectores del centro para imponer su narrativa y evitar a toda costa que la nueva Colombia demográfica, regional, política, cultural y social se pronuncie para abordar las profundas desigualdades sociales y económicas. Solo así podremos construir un país más justo y equitativo para todos.

Hoy nos vemos capturados, impedidos para el debate y descalificados por quienes creen que todo funciona bien o avanza a su «tiempo», un tiempo que claramente no coincide con las expectativas ni las realidades de millones que desean mejores condiciones y oportunidades para hacer realidad el Estado Social de Derecho. Es más que nunca el tiempo de la gente, es ahora y no después que tenemos que valorar y resolver las inquietudes y problemas públicos que nos piden reformas tanto materiales como culturales.

PD: Agradezco al Portal Confidencial Colombia por abrirme este espacio como columnista, un valioso aporte para el diálogo y el debate público distrital y nacional. Por aquí compartiré mis ideas y debates sobre esa pregunta que Mafalda nos enseñó y que me hago todos los días en Colombia ¿Por dónde hay que empezar a empujar este país para llevarlo adelante?

Quena Ribadeneira

Concejal de Bogotá