Con su conocido estilo de frases astutas y altisonantes, Gustavo Petro y sus bodegas –incluidas las pagas y las falsas– intentan ocultar la gravedad de la corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgos y sus vínculos con el gobierno nacional y su clase política amiga, para escurrirle el bulto a su obvia responsabilidad política.

Es notorio que la responsabilidad política principal en este caso recae en Gustavo Petro, porque fue él quien nombró a Olmedo López y no lo vigiló, pero sí le aumentó el presupuesto de $657 mil millones a $2,2 billones entre 2022 y 2023, en una empresa que tiene como característica normativa poder contratar sin licitaciones, a dedo (Ver enlace ), lo que facilita la irresponsabilidad, el clientelismo y la corrupción.

Aunque intenten taparlo con calumnias, Olmedo López ha sido de los lomos de adentro de Petro y el petrismo. En 2015 fue candidato del Polo a la gobernación de Antioquia en representación de la tendencia de Clara López y Jaime Dussán, reconocidos jefes petristas. En las elecciones de 2018, Petro lo respaldó al Senado y Olmedo le prestó $300 millones para su campaña presidencial. Y es irrebatible que si no fuera de su confianza, no lo habría nombrado en la Unidad de Riesgos, a manejar sumas enormes, cargo en el que es notorio que Petro no lo vigiló de cerca, a pesar de saberse que robar allí es bastante más fácil que en las demás entidades públicas.

Y Petro no solo no controló a Olmedo, sino que su ministro de Hacienda, en persona, cuadró con él contratos a dedo por 92 mil millones de pesos en tres municipios de la Costa, de lo que no deja duda la información de Caracol TV (Ver enlace).

Porque allí aparece Ricardo Bonilla comunicándose con Olmedo López y con Sneyder Pinilla presionando esos contratos y designando a su asistente, María Alejandra Benavides, como su vocera para sacarlos adelante, aunque no respondían a declaratorias de calamidad pública, una ilegalidad. Y aparece el asesor de la Presidencia de la República Jaime Ramírez Cobo intrigando para que esos proyectos se tramitara a través del ministro de Hacienda y no de Luis Fernando Velasco y “como asesor de Carlos Ramón González, también salpicado por el escándalo”. 

Explicando cómo funciona la cadena de la felicidad de estos contratos, ante la Corte Suprema de Justicia, Olmedo López dijo: “Es una cadena que va desde lo más alto, desde la orden de un ministro hasta pasar por las manos del alcalde hasta las manos del contratista que iba a ejecutar la obra”. Pero surge una duda: según esto, hacia abajo llegan hasta el poder menor, pero hacia arriba, ¿los ministros, así sea muy en privado, no le consultan estos gastos enormes a Petro y este lo tolera?

Muy raro sería que el presidente de la República no opinara sobre el gasto de los 1,4 billones de pesos que el ministro Bonilla se consiguió entre septiembre y diciembre pasados para contratar –por norma sin licitaciones y a dedo, repito– en la Unidad de Gestión de Riesgos (ver enlace). Porque no es creíble.

Esta historia se cierra contando que en los municipios donde se intentaron estas obras hay seis congresistas que son como sus dueños políticos, los mismos que en general aparecieron votando en las comisiones económicas del Congreso en el sentido que quiso el ministro de Hacienda.

Coletilla: conocidas estas verdades, es una desvergüenza que Bonilla no renuncie a su cargo y que Petro le sirva de acólito. ¿O es que entre bomberos no se pisan las mangueras?

Jorge Enrique Robledo