Puede ser un cabezazo. O derivar en una equivocación. En todo caso, el Presidente Gustavo Petro ha asumido el riesgo en declarar “gestores de paz” a 18 exjefes paramilitares, varios de ellos extraditados a EEUU en el año 2003 por el entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez. En la Resolución 453 del 12 de noviembre del 2024, el Gobierno busca con los Exparas cerrar la desmovilización de sus antiguos grupos que quedó en vilo por su extradición, al tiempo que estos “contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamiento con actores armados ilegales”.

El invento semántico de “gestor de paz” se lo debemos al propio Uribe Vélez y su entonces Comisionado de Paz, el prófugo ternurólogo Luis Carlos Restrepo. Esta figura surgió en el 2009, para hacer creer que existía un interés de paz en el Gobierno Uribe, mientras se desplegaba la estrategia de guerra de “Seguridad Democrática”. Los más conocidos “gestores de paz” de aquel entonces fueron los exguerrilleros de las FARC alias “Karina” y “Ovidio Saldaña”, así como los voceros insurgentes Rodrigo Granda y “Francisco Galán”. Ahora, la figura de “gestor de paz” es uno de los instrumentos que la Ley de Paz Total le entrega al Presidente de la Republica para superar las violencias por la vía de las negociaciones de paz.

En esta ocasión resulta audaz y plausible que el Presidente Petro busque cerrar de una vez por todas el fenómeno paramilitar, cerrando una reincorporación interrumpida hace mas de 20 años, pero haciendo honor a los derechos de las victimas de estas bandas a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Recordemos que la extradición de estos jefes paramilitares ordenada por Uribe, priorizó el delito del narcotráfico y la justicia gringa por encima de los graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad por los que debían responder en los tribunales de justicia y paz creados como mecanismo de justicia transicional por el Congreso de la República a instancias de las negociaciones entre el Gobierno y las AUC.

Lo que genera muchos interrogantes jurídicos y políticos en esta sui generis decisión de Petro, es que se habilite a estos “paragestores de paz” capacidades para facilitar nuevos escenarios de negociación con expresiones criminales pos paramilitares, a no ser que se reconozca un actual vínculo entre unos y otros. En el caso de Salvatore Mancuso, la Corte Suprema de Justicia acaba de hacer serias advertencias sobre las implicaciones jurídicas de ello, que podría poner en tela de juicio la seguridad jurídica de este propósito de la paz total. Y en todo caso, esta por demostrarse la capacidad de persuasión que sobre bandas criminales remanentes del viejo paramilitarismo puedan tener estos nuevo “paragestores”.

Y la preocupación mas sentida por sectores de sus victimas es la condición de “gestor de paz” otorgada a jefes paramilitares que han preferido la cárcel a contar la verdad y reparar a quienes sufrieron por sus crímenes. Se preguntan por los incentivos que ahora tendrían personajes como “Jorge 40”, “Macaco” o “Hernán Giraldo” para que entreguen verdad y reparación, cuando han sido expulsados de Justicia y Paz o no han sido admitidos en la Jurisdicción Especial para la Paz por su reiterada negativa a ello.

Sortear exitosamente estas dos preocupaciones desde el gobierno garantizan que los “paragestores de paz” sean un audaz cabezazo para la paz de todos.

Antonio Sanguino