Al gobernador de Antioquia pareciera molestarle la idea de que las tierras del suroeste antioqueño sean usadas para alimentar a la gente en vez de convertirse en una mina gigante. Su airada reacción en contra del establecimiento de una Zona de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en la región bajo el argumento de que se trata de la imposición de un régimen comunista parece estar más bien alineado con el interés de las grandes empresas mineras.

Andrés Julián Rendón hace quizás de manera intencionada una interpretación errónea de lo que es una ZPPA y cuál es su alcance. No es expropiación ni acciones de una junta central socialista como ha afirmado el gobernador, se trata de un mecanismo indicativo para identificar áreas del territorio que, por sus características de uso, de suelo y el ordenamiento territorial que las determina deben ser protegidas para la protección de alimentos, teniendo en cuenta que el artículo 65 de la Constitución Política determina que la protección de alimentos goza de especial protección del Estado.

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La ZPPA responde a las solicitudes de organizaciones campesinas de la región para la salvaguarda de sus territorios ante los riesgos que representa principalmente la actividad minera. Rendón dice que la decisión la toma un burócrata en su escritorio en Bogotá, cuando fue la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria la que sí se sentó con las organizaciones de los 23 municipios del suroeste en múltiples encuentros desarrollados en territorio entre julio y agosto del 2024 donde los actores claves denunciaron que la actividad minera pone en riesgo los recursos hídricos de la región y fueron reiterativos en afirmar que se presenta un conflicto por el uso del suelo donde las actividades campesinas se ven desplazadas por la minería.

Es Rendón el que no tiene idea de cuáles son las solicitudes que se hacen desde el suroeste por estar más pendiente de lo que tienen por decir las grandes multinacionales mineras. No sabe que las áreas sembradas en el Suroeste han crecido en un 12% durante los últimos quince años, así como también ha sido constante el crecimiento en la producción de productos agropecuarios y que es la agricultura y no la minería la actividad que más emplea personas en la subregión, siendo la fuente del 38% de los trabajos.

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Quienes critican la priorización de la producción agrícola por sobre la explotación minera a gran escala sostienen el argumento de que la minería al ser una actividad económica más lucrativa trae consigo el desarrollo de las regiones. Lo que no dicen es que las ganancias obtenidas no se distribuyen de manera equitativa.

Miremos por ejemplo al Bajo Cauca, en donde se han priorizado los intereses mineros por los campesinos y que de acuerdo al Informe de Calidad de Vida en Antioquia para 2023 es la subregión con mayor incidencia de pobreza multidimensional, afectada en un 55% por bajo logro educativo y en un 37% por rezago escolar. Se pregunta uno a dónde va a parar la riqueza minera, porque en la población del Bajo Cauca no se queda.

A Rendón le parece inverosímil pensar que los campesinos de Antioquia, como lo serán los del suroeste a medida que vaya avanzando el proceso de la ZPPA, se organicen en torno a proyectos productivos agropecuarios en donde las ganancias fruto de su trabajo se puedan quedar en la comunidad, que mediante la economía solidaria la tierra sea usada por y para los campesinos con la ganancia extra de que se garantizará para la región y el departamento la soberanía alimentaria, en vez de tener que vender sus tierras y eventualmente su trabajo a la minería.

La protección del suelo para la producción de alimentos en el suroeste antioqueño no es una imposición arbitraria ni un capricho ideológico, sino una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad, el empleo y la seguridad alimentaria de la región. Mientras algunos defienden la minería como motor de desarrollo, la realidad demuestra que sus beneficios no se traducen en bienestar para la población. Apostar por la agricultura no solo preserva el medio ambiente y los recursos hídricos, sino que también fortalece las comunidades locales y su derecho a una economía propia y digna.

Alejandro Toro