Llamó la atención el mensaje de la abogada y defensora de un grupo de víctimas de desaparecidos en La Escombrera en Medellín, María Victoria Fallón, en su cuenta personal de X pidiendo a la Justicia Especial Para la Paz (JEP), dar cumplimiento a los protocolos acordados entre el alto tribunal y la Unidad Para la Búsqueda de Personas Dadas Por Desaparecidas (UBPD) en lo que respecta a la información de los cuerpos que se logren encontrar en esta zona de la capital de Antioquia.
La abogada recordó a la JEP el compromiso establecido con los familiares de los desaparecidos de no revelar detalles de las personas a quienes podrían pertenecer los cuerpos que se logren ubicar
“Hoy la JEP ha cruzado la línea de la ética pisando la ilegalidad, causando con su actuar una fractura en la confianza de las familias hacia la @UBPDcolombia que es realmente el mecanismo creado para la búsqueda humanitaria”, escribió.
Confidencial Colombia consultó sobre lo que Fallón exigía se diera cumplimiento, encontrando que en efecto ambas entidades establecieron unos parámetros dejando claro la manera de proceder en el trabajo conjunto de búsqueda de desaparecidos, especialmente en lo que se comunica a la opinión pública.
¿Cómo surge el conflicto?
Para lo que tiene que ver con la búsqueda de desaparecidos, la JEP aporta los temas legales como tribunal de justicia que es, mientras la UBPBD pone en marcha la operación. Una vez se encuentren los primeros restos humanos, son enviados a Medicina Legal para el respectivo peritaje, y cuando este último paso se cumple a cabalidad, se hace entrega a los familiares y se informa a la opinión pública. Todo esto quedó claro en un manual de procedimiento elaborado por las dos entidades.
En este protocolo se establece que La JEP y la Unidad de Búsqueda enviarán un comunicado de prensa quincenal presentando los avances en el proceso. Dice además que los únicos autorizados para hablarle a los medios de comunicación son: el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli; el magistrado a cargo de la medida cautelar de La Escombrera, Gustavo Salazar; la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero y el subdirector de la UBPD, Carlos Marín.
Además, se deja claro que las declaraciones a la prensa se harán de manera articulada entre las dos entidades y que el material audiovisual será registrado exclusivamente por los equipos de prensa de la JEP y la Unidad de Búsqueda con el fin de garantizar la dignidad y respeto por la memoria de las víctimas y personas buscadoras, pero que además se protegerán sus identidades.
Cuando todo se pensó que estaba muy claro, se presentaron las primeras diferencias luego de que la JEP diera a conocer detalles de las personas a quienes podrían pertenecer los cuerpos encontrados. Aunque el texto no está suscrito por la UBPD, algunos familiares con los que Confidencial Colombia dialogó, quienes piden la reserva de sus nombres, se molestaron con esta entidad porque, según ellos, esto no fue lo acordado, y porque, además, de acuerdo a sus palabras, “Medicina Legal aún no ha certificado la identificación”.
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Confidencial Colombia, preguntó a la oficina de comunicaciones de la JEP y aseguran que la UBPD conocía el texto con antelación y que en ningún momento se han roto los protocolos.
Ambas entidades se encuentran dialogando para tratar de superar este impase, y tratar de restablecer la confianza rota por parte de algunos familiares de los desaparecidos que esperan respuestas, y exigen a las partes respetar lo acordado.
