Petro no es una víctima, como se trata de mostrar siempre que se le cuestiona o sale a la luz un nuevo escándalo que lo salpique. Las víctimas somos los millones de colombianos que a diario tenemos que padecer su desgobierno.

El presidente ha convertido su mandato en un “show mediático” donde el caos y la improvisación son la norma. Pero más allá de los discursos y las cortinas de humo que lanza a diario, hay una realidad que no puede esconder: las graves irregularidades en la financiación de su campaña presidencial. Aunque el petrismo acérrimo trate de justificarlo y de defenderlo a capa y espada, la justicia tiene que llegar.

Esta semana presenté ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia formal para que se investigue el presunto ingreso de dineros ilícitos a la campaña “Petro Presidente” en 2022.

Y lo hice porque no podemos seguir tolerando que sobre Petro no haya ley. No estamos hablando de simples irregularidades contables, sino de la posible entrada de más de 500 millones de pesos provenientes del zar del contrabando Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, a quien recientemente le allanaron su propiedad en el norte de Bogotá.

Si esto se confirma, estaríamos ante un escándalo de proporciones históricas. No solo porque vulnera los topes de financiación de campañas establecidos en la Constitución, sino porque podría constituir delitos como lavado de activos y/o omisión de información de aportes. Tamaño escándalo.

Mientras tanto, Petro, desde Dubai, intentó minimizar la situación diciendo que devolvió el dinero, pero si esto fuera cierto, ¿por qué no lo reportó en su momento? ¿por qué se quedó callado?

La Comisión de Acusación tiene un deber claro: investigar a fondo y llegar hasta las últimas consecuencias, así lo establece el artículo 312 de la Ley 5 de 1992. Colombia ya no puede aguantar más complacencias, silencios y faltas de actuación.

En agosto de 2024, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tenía 114 procesos activos contra Petro, en su mayoría relacionados con presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial. Ya es hora de que este organismo actúe conforme lo dispone la ley.

No podemos permitir que en Colombia se siga normalizando la corrupción en las campañas políticas, y mucho menos cuando se trata del presidente de la República.

Mientras Petro sigue generando el caos y cazando peleas en redes sociales, el país enfrenta una crisis de inseguridad, una economía golpeada y un sistema de salud colapsado por su irresponsable y perversa reforma. Y ahora se suma este nuevo escándalo que pone en duda la legitimidad de su elección y de las formas como llegó al poder.

Los colombianos merecen respuestas. Y yo, como concejal de Bogotá, no voy a quedarme callado. La justicia tiene que actuar.

Andrés Barrios Bernal