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El juez federal estadounidense que ha paralizado las expulsiones en caliente de presuntos criminales venezolanos a la ‘supercárcel’ levantada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dictaminado que los argumentos proporcionados hasta el momento por la Casa Blanca son «lamentablemente insuficientes» y ha pedido a la Administración Trump que aclare para el martes que viene si, como todo parece indicar, acabará declarando esta cuestión como secreto de estado para eludir una comparencencia.

La única respuesta que el juez James Boasberg ha recibido hasta el momento ha sido la de un director local del departamento de Operaciones de Control y Deportación (OCD) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Miguel Vergara, quien se limita a trasladar al tribunal las discusiones sobre la posibilidad de clasificar la información como secreta.

«Se trata de una cuestión muy seria», parafrasea a Vergara el documento judicial, «que requiere una cuidadosa consideración de la seguridad nacional y las relaciones exteriores, y no puede llevarse a cabo adecuadamente en tan solo 24 horas».

Vergara es el director local de la OCD para Harlingen (Texas), el lugar del que partieron los vuelos a El Salvador con más de 250 presuntos afiliados a bandas criminales del Tren de Aragua y las maras salvadoreñas a la sombra de una cuestionada y arcaica ley de seguridad nacional (escrita en el siglo XVIII), que ignora todos los procedimientos regulares de deportaciones y expulsiones, y que el propio juez Boasberg ha suspendido durante al menos 14 días.

El magistrado está investigando si la Administración Trump le desafió abiertamente al dar luz verde a los vuelos mientras ultimaba su suspensión, mientras que la Casa Blanca se ha limitado a argumentar que los aviones partieron en mitad de las deliberaciones judiciales y antes de la declaración definitiva de la suspensión.

En su dictamen de este pasado jueves, recogido por el portal de noticias Politico, el juez indica que el director local de la OCD no es quién para informar al tribunal de semejantes deliberaciones y pide a la Administración Trump que le entregue hoy mismo «una declaración jurada de una persona con participación directa en las discusiones sobre la invocación del privilegio de secreto de estado».

Además, el magistrado ordena a la Casa Blanca que le informe antes del próximo martes si finalmente declara o no el privilegio del secreto de estado, así como que justifiquen su argumento de que no estaban desafiando su autoridad cuando pusieron en marcha los vuelos que despegaron el pasado día 15.

Los abogados de los expulsados aseguran que no todos son pandilleros

Mientras tanto, un grupo de abogados que representa a los expulsados han avisado que no todos los enviados a la CECOT de El Salvador son miembros de estas pandillas.

Por ejemplo, uno de ellos, Jerce Reyes Barrios, de 36 años, es un futbolista profesional venezolano y entrenador de fútbol infantil sin antecedentes penales ni vínculos con pandillas, según una declaración de su abogada, Linette Tobin.

Tobin asegura que las autoridades han malinterpretado un tatuaje de su cliente como un emblema de las bandas cuando en realidad se trata de un homenaje al escudo del Real Madrid, el equipo de fútbol preferido de Barrios, según declaraciones recogidas a la cadena estadounidense ABC.

La abogada ha explicado que, tras presentar estas pruebas, Barrios fue transferido fuera de máxima seguridad y tiene pendiente una audiencia particular el 17 de abril.

El Departamento de Justicia no ha hecho comentarios de inmediato y se ha limitado a insistir en su intención de ejecutar las expulsiones tan pronto como termine la suspensión judicial.