Ante la imposibilidad de llegar a una conciliación entre la parte demandante del convenio, contrato o acto administrativo que permite la asignación de esquemas de seguridad a los concejales de Bogotá y los representantes de las entidades involucradas (UNP, Alcaldía de Bogotá, Ministerio del Interior y Concejo) el proceso continúa su curso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

De acuerdo con el abogado, Camilo Araque, ahora sigue la etapa de prueba, donde cada concejal deberá demostrar el nivel de riesgo que existe contra su vida por la labor que ejerce en la política bogotana.

Es así como cada concejal de Bogotá que aceptó el esquema de seguridad que consta de un conductor, una camioneta de alta gama y dos policías motorizados, deberá justificar el por qué se le debe dejar este beneficio de protección que brinda el Estado a personas que, por su labor, corren el riesgo a ser asesinadas.