El simbolismo traído a la escena política por el mandatario Gustavo Petro en la última marcha laboral del primero de mayo, representado en una de las espadas del libertador Bolívar -que reposa actualmente en la Casa de Nariño-, acompañada de una bandera militar que representó la “Guerra a Muerte” de la capitanía general de Venezuela contra el imperio español en el siglo XIX, nos lleva a un debate inacabado en la actual Colombia, que es precisamente entender la importancia del símbolo y el monumento para una nación.

Generalmente la vanidad del poder lleva a los gobernantes a resistirse al olvido, para lo cual apelan a los símbolos que suelen ser inmortalizados en obras de patrimonio cultural erigidas de “arriba hacia abajo”, es decir que proceden desde lo alto del poder para ser venerados por los gobernados, lo que no es nuevo en nuestro país, ni en los vecinos de la región, puesto que procede desde culturas de tiempos inmemoriales asentadas por todo el planeta.  

Al respecto, encontramos en la Filbo el texto “la materialización del pasado” de Sebastián Vargas y Carolina Vanegas (2023) a propósito de la “investigación sobre monumentos conmemorativos en Colombia en tiempos de resignación”, publicado por la Universidad del Rosario, y que nos propone repensar  las implicaciones que tiene el derribamiento de monumentos  cuando tales acciones hacen parte de una movilización popular, como el “estallido social” colombiano auspiciado por el entonces candidato Petro en el año 2021 (emulado de Chile).  Protestas que se materializaron derribando estatuas, pero que sus reclamos contra el gobierno de Iván Duque se basaban en la desigualdad social, la falta de políticas educativas y carencia de puestos laborales para los jóvenes, así como aquellas demandas indígenas  en contra del colonialismo, el racismo, maltrato, asignación de más tierras, etc.

El texto nos lleva desde la demolición ordenada por el alcalde Jorge Eliecer Gaitán -el caudillo del pueblo- contra la estatua de  Ricaurte en 1936, bajo una lógica «desde arriba» (desde el poder) que contrasta con la actual «desde abajo» (desde el pueblo) como un acto político de contramonumentalidad, hasta el “estallido social” del 16 de septiembre de 2020 cuando el movimiento indígena AISO organizó una movilización multitudinaria que culminó con el “juicio político por genocidio al conquistador y fundador español Sebastián de Belalcázar, seguido del derribamiento de su estatua” erigida para el cuarto centenario de la fundación de Popayán en 1938 sobre el llamado morro de Tulcán, una pirámide funeraria prehispánica, cuya punta fue cercenada para darle base a la estatua. Aunque los desmantelamientos se acompañaron de múltiples símbolos como banderas, colores, himnos y canticos indígenas, la verdadera motivación fue política, como represalia social contra la fallida reforma tributaria de Duque.

A la pregunta sobre ¿qué hacer con las obras derribadas?, Vargas y Vanegas (2023) sugieren que la solución no está en restaurar los monumentos caídos como reliquias intocables ni en borrar su huella, sino en transformarlos en dispositivos críticos de memoria. Las estatuas derribadas durante protestas sociales deben conservarse -con las marcas de su intervención- como testimonios materiales del conflicto, mientras los pedestales vacíos pueden convertirse en espacios de disputa performativa o lugares donde las comunidades decidan periódicamente qué conmemorar, mediante rituales, instalaciones efímeras o debates públicos. Esta aproximación rechaza la lógica binaria (conservar/destruir) y propone una tercera vía basada en que, tanto las ruinas como los basamentos abandonados sean archivos abiertos, donde el pasado se reinterprete colectivamente. Así, un monumento a Belalcázar fracturado -con sus grietas visibles- puede dialogar con un pedestal que acoge temporalmente una minga de memoria indígena o una proyección de demandas juveniles.

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En consecuencia, la tensión entre los símbolos bolivarianos empuñados por el actual presidente, como la espada de Bolívar y la bandera de «Guerra a Muerte» apuntando contra el congreso, para legislar sobre una vetusta reforma laboral derivada de la revolución industrial del siglo antepasado, se choca con la contramonumentalidad exigida por las comunidades, mientras el gobierno recurre a iconos independentistas para legitimar su proyecto político desde arriba, los movimientos sociales desde abajo le exigen realizaciones concretas.

Así, frente a la nostalgia revolucionaria oficial, emerge su propia disidencia electoral que no levanta la espada, ni enarbola la bandera, ni pide talla en piedra o bronce, sino que le exigirá resultados de gobierno presidente, como también lo calificará la historia y el paso del tiempo que son caras de una misma moneda.

Luis Fernando Ulloa