En Colombia, miles de niños y niñas están creciendo entre el miedo, el silencio y el dolor. No porque lo hayan elegido, sino porque los adultos, las instituciones y la sociedad en general hemos fallado en protegerlos. El maltrato y el abuso físico y sexual no son simples estadísticas: son gritos silenciados, infancias robadas, sueños interrumpidos antes de comenzar.

Solo en 2024, más de 11.000 menores fueron víctimas de abuso sexual, según Medicina Legal. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atendió 18.085 casos de violencia sexual hasta agosto de ese mismo año. En enero de 2025, ya se habían registrado 1.072 casos, lo que equivale a 35 niños o niñas agredidos sexualmente cada día. Muchos de ellos nunca hablarán. Algunos, tristemente, no vivirán para contarlo.

Lo más alarmante es que el 95% de los menores afectados habita en zonas rurales, donde la presencia del Estado es débil y la atención, escasa. En estos territorios, la pobreza, el abandono, la violencia intrafamiliar y el reclutamiento armado configuran un escenario de profundo sufrimiento para la niñez, invisibilizada ante los ojos de todos.

Casos como el del docente Freddy Arley Castellanos, vinculado al hogar infantil Canadá, operador del ICBF en Bogotá y acusado de abusar presuntamente de varios niños de tres años, estremecen por la gravedad y la traición de confianza. ¿Cómo se sobrevive a algo así con apenas tres años?

Y aun así, siguen siendo niños. Juegan cuando pueden, sonríen cuando reciben una caricia sincera, sueñan con un mundo feliz, aunque su entorno sea una pesadilla. Pero no deberían resistir. Deberían vivir. Deberían crecer sintiéndose seguros, amados, escuchados.

Como país, no basta con leyes severas si seguimos tolerando la impunidad y el olvido. No es suficiente indignarse cuando un caso se vuelve viral. Se necesita un compromiso real: denunciar sin miedo, acompañar con humanidad, prevenir con educación y sanar con justicia.

Los factores de riesgo son múltiples: violencia intrafamiliar, pobreza, abandono, reclutamiento forzado (con 463 casos reportados el último año) y la falta de educación sexual. Las niñas son las más afectadas, representando el 56% de las víctimas de violencia.

Pese a avances como la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores, la impunidad persiste. Muchas denuncias no prosperan, las investigaciones se estancan y las condenas son escasas. Se requiere más que castigos ejemplares: hace falta una transformación estructural del sistema de protección infantil.

Es urgente definir y evaluar desde la psicóloga forense se tienen instrumentos para perfilar posibles agresores y prevenir riesgos, estrenar la nueva ley de Salud Mental, fortalecer las rutas de atención, mejorar la articulación entre entidades como el ICBF, la Policía, la Fiscalía y el sistema educativo, y lanzar campañas masivas de prevención y sensibilización. Denunciar cualquier sospecha de abuso, educar a los menores para que reconozcan situaciones de riesgo, brindar apoyo psicológico y vigilar de cerca sus entornos son acciones clave para detener esta tragedia.

La protección de la niñez es una responsabilidad colectiva. Como sociedad, debemos unirnos para garantizar a todos los niños y niñas un entorno seguro, digno y libre de violencia.

La infancia no espera, son solo los primeros 7 años. Cada niña o niño violentado es un llamado urgente a la conciencia nacional. ¿Hasta cuándo miraremos hacia otro lado?

Porque quien daña la infancia, rompe un país. Y quien la protege, la reconstruye.

Marcela Clavijo