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La Fiscalía General de la Nación asestó un nuevo golpe a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, al decretar la extinción del derecho de dominio sobre 36 bienes vinculados al denominado «clan Meyendorff», una presunta red transnacional dedicada al envío de cocaína hacia Estados Unidos y otros destinos.
La acción judicial recae sobre 23 inmuebles urbanos y rurales, 10 establecimientos de comercio, dos vehículos y una sociedad, presuntamente adquiridos con recursos provenientes del narcotráfico por los hermanos Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff, actualmente investigados por su participación en actividades delictivas de gran escala.
Los bienes objeto de la medida están distribuidos en varias ciudades del país: Bogotá, Cali, Palmira (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia) y Girardot (Cundinamarca). Entre las propiedades se cuentan apartamentos, casas, lotes, oficinas, parqueaderos y empresas vinculadas a los sectores agrícola, estético, comercial y automotriz.
Según la investigación, estas propiedades fueron registradas a nombre de personas cercanas al círculo familiar de los Álvarez Meyendorff. Esta estrategia buscaba ocultar el origen ilícito de los recursos y dar una apariencia de legalidad a los bienes, mezclando capitales de origen legal con dinero del narcotráfico, una práctica habitual en operaciones de lavado de activos.
La Fiscalía sustentó la medida con informes periciales, pruebas documentales y sentencias condenatorias emitidas por autoridades judiciales de Estados Unidos y Argentina, donde también se ha rastreado la operación de la red criminal.
El caso está siendo tramitado por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, quien decretó la procedencia legal de la medida. El expediente fue enviado a la Judicatura para continuar el proceso judicial, en el cual aún pueden interponerse los recursos legales pertinentes.
Con esta decisión, la Fiscalía reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, utilizando herramientas legales como la extinción de dominio para debilitar el poder financiero de las organizaciones criminales. La entidad reiteró que esta información se divulga por razones de interés general y transparencia institucional.
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