Sigo defendiendo con firmeza la señalización de las zonas donde no está permitido el consumo de drogas. He emprendido esta cruzada porque los niños, niñas y adolescentes de Bogotá merecen más por parte de nosotros como sociedad. No descansaré hasta que logremos entornos seguros de sustancias psicoactivas.
Así como hoy en día reconocemos los espacios libres de humo, lugares donde no está permitido fumar ni vapear por razones de salud pública, o sitios con señalética clara sobre la restricción del ingreso de mascotas, en la ciudad vamos a tener señalización para advertir que en ciertos entornos, especialmente aquellos donde hay presencia de menores, no se puede consumir drogas, según lo estipula el vigente decreto distrital 825 de 2019.
No se trata de una medida arbitraria ni punitiva, sino de una forma de proteger derechos, especialmente los de los más vulnerables: nuestros niños.
Recientemente, el Concejo de Bogotá dio un paso firme hacia este camino. La corporación aprobó el proyecto de acuerdo del cual soy autor y que busca señalizar entornos escolares, parques y plazoletas principalmente. El balón está ahora en la cancha del Distrito, pues esta iniciativa ya pasó a sanción del alcalde. Desde el momento en que entre en vigencia, estas demarcaciones se harán de forma progresiva y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.
Diariamente, desde mi rol como concejal de Bogotá, recorro los barrios de nuestra ciudad. Escucho, observo y, sobre todo, analizo las preocupaciones de la ciudadanía. En cada conversación con una madre angustiada, con un padre desesperado o con algún representante de la comunidad académica, se repite una misma inquietud: el consumo de drogas en espacios públicos y entornos escolares es alarmante.
Frente a esta realidad, propuse esta iniciativa que lo que busca es generar herramientas que faciliten el cumplimiento de la normatividad vigente y fortalezcan la sana convivencia ciudadana. No se trata de estigmatizar a los consumidores, como algunos sectores han tratado de hacer ver rasgándose las vestiduras.
Esta propuesta no surgió en un escritorio alejado de la realidad, ni desde la distancia. Nació del trabajo constante en las localidades de Bogotá y del contacto directo con las circunstancias que viven las comunidades.
Y los datos lo confirman. Según información oficial proporcionada por la Secretaría de Salud, entre enero de 2020 y julio de 2024 se registraron 10.686 atenciones a menores de edad por trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.
El grupo más afectado es el representado por jóvenes entre los 14 y 17 años, pero lo más alarmante es saber que esta problemática no discrimina edades. La Secretaría de Educación de Bogotá, a través del Sistema de Alertas, reportó 6.431 casos de consumo de sustancias psicoactivas en menores durante el año 2023, con un incremento del 37% en los casos reportados en niños de seis a 11 años. Esta cifra debería ser suficiente para encender todas las alarmas.
Colombia, y en particular nuestra capital, enfrentan una problemática estructural en torno al consumo de drogas. Es una situación compleja, de múltiples causas que requiere una estrategia integral que incluya la prevención, la educación, el tratamiento y, por supuesto, el fortalecimiento del tejido social.
Sin embargo, tenemos a un gobierno nacional alcahueta, que envía mensajes equivocados sobre esta problemática de las drogas y que los acolita bajo el escudo del libre desarrollo de la personalidad.
La señalización en espacios públicos, entonces, es una herramienta más en esta lucha. No busca perseguir ni estigmatizar, sino recordar que hay lugares donde el consumo de drogas no puede ni debe ser tolerado, especialmente cuando están en juego los derechos de los niños. Nuestra Constitución Política es clara: los menores de edad gozan de especial protección y es deber del Estado, de las instituciones y de la sociedad velar por su bienestar.
Soy y seguiré siendo el concejal antidrogas, porque ese maldito veneno debe salir de los entornos escolares y parques inmediatamente.
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